
La provincia de Buenos Aires fue la región más afectada, mientras que la fundición fue el sector de la actividad más golpeado. Los despidos también aumentaron.
La Secretaría de Energía prepara una resolución que se publicará en los próximos días con la que buscará modificar hábitos de consumidores y reducir la demanda en un sistema desinvertido. Los riesgos que trae el verano.
Argentina15/09/2025El Gobierno trabaja en una resolución que permitirá a usuarios residenciales o grandes consumidores comerciales reducir su consumo de electricidad para sumar oferta al sistema y recibir a cambio una remuneración. Se trata de una medida enmarcada en el plan oficial de contingencia para mitigar los riesgos de cortes de luz en verano, según anticipó la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti.
En su exposición durante la 46º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), la funcionaria explicó los ejes del esquema para gestionar la demanda eléctrica y destacó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Litoral atraviesan una situación crítica durante los picos de calor.
Según describió Tettamanti, “el problema no es todo el verano”, sino que la saturación de la red surge en las “olas de calor muy fuertes, a las tres de la tarde, cuando todo el mundo prende el aire acondicionado”. En ese contexto, sostuvo que la “potencia instalada y la capacidad de transporte para alimentar las áreas más críticas” llegan “al límite” en los cinco días de mayor demanda, en las horas pico. Según la funcionaria, el escenario de consumo sigue una tendencia creciente.
“Estamos esperando una demanda de potencia máxima levemente superior a la del año pasado. Estamos pensando en 30.700 megawatts de potencia. De eso, un tercio son aires acondicionados”, precisó. Este diagnóstico coloca el foco en la necesidad de intervenir tanto sobre la oferta como sobre la conducta de los usuarios durante los eventos extremos.
El Gobierno busca modificar la operatoria habitual del sistema. La estrategia oficial se asienta en dos pilares: incentivar inversiones en generación y transporte, y avanzar sobre la gestión de la demanda mediante incentivos y señales de precio. “Tenemos que empezar a transitar un camino más lento pero que es el de la gestión de demanda”, subrayó Tettamanti. Mencionó, además, la urgencia de usar nuevas tecnologías que “permitan dar esas señales de precio para ser más eficiente en el consumo y no tener una infraestructura ridículamente grande para abastecer cinco o diez horas en todo el año”.
La funcionaria puntualizó que, a falta de medidores inteligentes en hogares, la nueva medida se aplicará inicialmente sobre clientes comerciales y grandes usuarios dotados de sistemas de medición avanzados. “Ahora en el corto plazo, como no tenemos instalados medidores inteligentes a nivel residencial, pero sí hay buenos medidores a nivel de todo, hasta de los comercios, estamos trabajando y va a salir prontamente una nueva resolución”, afirmó.
El año pasado, el Gobierno puso en marcha un mecanismo similar a través de la Resolución 294/2024, impulsada por Eduardo Rodríguez Chirilo. Esa resolución habilitó a los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS) del Mercado Eléctrico Mayorista a acceder a beneficios económicos a cambio de disminuciones de consumo en momentos críticos. Los detalles del procedimiento quedaron expuestos en los anexos oficiales.
La Secretaría de Energía planea ampliar el universo de participantes con una nueva resolución administrativa que habilitará a comercios, shoppings y otras firmas –además de los hogares– a vender electricidad al sistema. El dispositivo funcionará sobre dispositivos auxiliares o grupos electrógenos propios, integrados a un esquema de subastas: los usuarios ofertarán cuánto están dispuestos a cobrar para entregar energía en momentos de máxima demanda, mientras continúan recibiendo un cargo fijo, en una mecánica similar a la de un seguro.
“Estamos creando un ámbito de incentivos para empezar a gestionar la demanda con ese universo de clientes”, señaló Tettamanti. La funcionaria explicó que los que se sumen podrán, por ejemplo, activar sus equipos de respaldo y así entregar esa electricidad extra en los picos de consumo. Quienes efectivamente aporten energía en los horarios críticos serán remunerados según el monto de su oferta.
La secretaría advierte que este abordaje se muestra más efectivo en la medida en que avanza la incorporación de medidores inteligentes en los hogares, algo que la gestión oficial proyecta a largo plazo. “La instalación de medidores inteligentes a nivel residencial es lo que va a permitir eficientizar la inversión en infraestructura y, por lo tanto, hacer lo más bajos posibles las tarifas, porque las tarifas son bajas solamente cuando los costos son bajos. No hay magia ahí”, remarcó Tettamanti frente a los participantes de la convención realizada días atrás en el Hotel Llao Llao de Bariloche.
Sobre el futuro del mecanismo, la Secretaria reveló que la administración pretende “ampliar el universo” de usuarios incluidos capaces de transformar su rol en el mercado eléctrico, permitiendo no sólo evitar interrupciones masivas, sino también repensar la estructura de costos del sistema.
De acuerdo al enfoque oficial, la “gran capacidad de gasoductos para alimentar una demanda de gas muy estacional, muy fuerte en invierno y que en verano desaparece”, se asemeja al desafío eléctrico en los picos de calor. Allí radica la importancia de acompañar los avances en infraestructura con esquemas de precios diferenciados y criterios de eficiencia.
El antecedente inmediato refuerza la preocupación oficial: el 10 de febrero de este año, la demanda eléctrica alcanzó un récord de 30.257 megavatios (MW) a las 14:47, impulsada por el consumo residencial durante una jornada de calor. A pesar de temperaturas relativamente benignas, se multiplicaron los apagones de luz por sobrecargas en el NEA y Buenos Aires.
La falta de nuevas obras de infraestructura eléctrica durante el último año y medio agrava el panorama, ya que cualquier proyecto en marcha no tendrá impacto antes de 2027. Sin embargo, se trata de un problema estructural tras años de desinversión y tarifas pisadas.
Con información de Infobae
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