La relación entre el presidente Javier Milei y el periodismo no fue cordial. Precisamente, el informe anual de Reporteros sin Fronteras -que se conoció en junio pasado- mostró un panorama negativo que ya se ha naturalizado en la Argentina.
“Las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei hacia los periodistas y los medios críticos, son una constante desde su llegada al poder", describió esta ONG de gran prestigio internacional, que puntualizó otras situaciones que explican que en el ranking de 180 países se ubique en el pelotón de los que “tiene problemas significativos” con la libertad de prensa.
El comportamiento presidencial, que llegó incluso a la denuncia penal contra periodistas por sus análisis, cayó en el marco de su lenguaje procaz y violento que le dan al libertario una impronta disruptiva. Pero fue corriendo los límites establecidos por la Constitución Nacional, que en su artículo 14 garantiza el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa y en el artículo 32, que prohíbe al Congreso restringir la libertad de imprenta. Suma a estas disposiciones los tratados internacionales de derechos humanos incorporados con rango constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es cierto que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero los límites son muy estrictos, tal como lo ha expresado la Justicia en diferentes fallos. Solo cuando está en juego la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, debe resolverse su alcance en un eventual conflicto.
Precisamente es lo que ha quedado demostrado, cuando el fiscal penal Carlos Stornelli receptó la denuncia por espionaje ilegal contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero rechazó los allanamientos a periodistas que pedía la denunciante Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Aseguró que la investigación iniciada “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.
Paralelamente, en el fuero contencioso administrativo federal, se dispuso la prohibición de emitir a través de medios de comunicación los audios que respaldan las denuncias las grabaciones generando un amplio rechazo, no solo entre periodistas, sino también entre especialistas en derechos constitucional y la oposición política. Ello llevó a que diputados de la oposición que integran la Comisión de Libertad de Expresión se autoconvocaran para hacer público su apoyo a una tarea que es esencial para el sistema democrático. En principio se expresa en la persona de dos periodistas, que difundieron material que revela el presunto esquema de corrupción.
Se debe advertir que el retroceso en el ejercicio de la libertad de prensa es una situación que no solo se ha exacerbado en este tiempo electoral ni se manifiesta desde que La Libertad Avanza gobierna el país. Hay otros antecedentes que la ponen en riesgo como es la situación económica de los emprendimientos mediáticos, las concentraciones empresariales en la actividad y la pauperización de condiciones laborales.
La sociedad debe concurrir en defensa de derechos que, en definitiva, le pertenecen.
