En el inquietante clima social que suele generar una campaña electoral, un avance en el sentido de censurar a la prensa produjo mayor perturbación. Pero también promovió pronunciamientos para advertir que los derechos y libertades no deben ser impactados en función de los intereses de sectores.
Opinión03/09/2025
La relación entre el presidente Javier Milei y el periodismo no fue cordial. Precisamente, el informe anual de Reporteros sin Fronteras -que se conoció en junio pasado- mostró un panorama negativo que ya se ha naturalizado en la Argentina.
“Las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei hacia los periodistas y los medios críticos, son una constante desde su llegada al poder", describió esta ONG de gran prestigio internacional, que puntualizó otras situaciones que explican que en el ranking de 180 países se ubique en el pelotón de los que “tiene problemas significativos” con la libertad de prensa.
El comportamiento presidencial, que llegó incluso a la denuncia penal contra periodistas por sus análisis, cayó en el marco de su lenguaje procaz y violento que le dan al libertario una impronta disruptiva. Pero fue corriendo los límites establecidos por la Constitución Nacional, que en su artículo 14 garantiza el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa y en el artículo 32, que prohíbe al Congreso restringir la libertad de imprenta. Suma a estas disposiciones los tratados internacionales de derechos humanos incorporados con rango constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es cierto que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero los límites son muy estrictos, tal como lo ha expresado la Justicia en diferentes fallos. Solo cuando está en juego la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, debe resolverse su alcance en un eventual conflicto.
Precisamente es lo que ha quedado demostrado, cuando el fiscal penal Carlos Stornelli receptó la denuncia por espionaje ilegal contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero rechazó los allanamientos a periodistas que pedía la denunciante Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Aseguró que la investigación iniciada “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.
Paralelamente, en el fuero contencioso administrativo federal, se dispuso la prohibición de emitir a través de medios de comunicación los audios que respaldan las denuncias las grabaciones generando un amplio rechazo, no solo entre periodistas, sino también entre especialistas en derechos constitucional y la oposición política. Ello llevó a que diputados de la oposición que integran la Comisión de Libertad de Expresión se autoconvocaran para hacer público su apoyo a una tarea que es esencial para el sistema democrático. En principio se expresa en la persona de dos periodistas, que difundieron material que revela el presunto esquema de corrupción.
Se debe advertir que el retroceso en el ejercicio de la libertad de prensa es una situación que no solo se ha exacerbado en este tiempo electoral ni se manifiesta desde que La Libertad Avanza gobierna el país. Hay otros antecedentes que la ponen en riesgo como es la situación económica de los emprendimientos mediáticos, las concentraciones empresariales en la actividad y la pauperización de condiciones laborales.
La sociedad debe concurrir en defensa de derechos que, en definitiva, le pertenecen.
Aunque la campaña electoral está en marcha, el trecho hasta el 26 de octubre es considerable, dada la dinámica de la política argentina. Si el elector dispusiera seguirla de cerca, seguramente profundizaría el desconcierto con el que la observa ahora.
El 7 de septiembre Buenos Aires vuelve a votar, y aunque parezca un hecho local, lo sabemos bien: lo que allí suceda repercute en cada rincón del país.
A más de tres décadas de su creación, la figura del Defensor del Pueblo de la Capital ha tomado un inusitado interés. Se manifiesta en la extensa lista de aspirantes a ocupar esa función, participando del concurso convocado por el Concejo Deliberante.
Día tras día escuchamos la insistente comunicación del gobierno pretendiendo instalar el relato acerca de cómo la actual administración sacó a la Argentina de la crisis en la que se encontraba al momento de su asunción.
La expansión de vuelos internacionales desde provincias argentinas genera entusiasmo, pero también preocupación: la conectividad aérea interna queda relegada, afectando el turismo local y las economías regionales.
A pocos días de iniciada formalmente la campaña electoral, se instaló un clima político inquietante porque tiene una carga de violencia que no sirve a los fines de una elección de medio tiempo. La confrontación entre dos sectores está desvirtuando los objetivos que se asigna a la tarea de buscar adhesiones a las propuestas que deben presentar frentes o partidos participantes.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.
El gobierno de Nicolás Maduro denuncia que el video difundido por Donald Trump, presuntamente de un operativo antidrogas, habría sido creado con inteligencia artificial.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
El expresidente de la Cámara de Empresarios de Tartagal será uno de los pocos seleccionados en todo el mundo y, tras su capacitación, apunta a aplicar Inteligencia Artificial en el país.