El juez Casanello y el fiscal Picardi ordenaron acceder a los movimientos financieros del ex funcionario y de directivos de la droguería Suizo Argentina, implicados en supuestos retornos por la compra de medicamentos.
Judiciales29/08/2025
La justicia avanza sobre el análisis de los movimientos bancarios y financieros del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo en la causa originada en escandalosos audios sobre supuestos retornos en la compra de medicamentos.
El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dispusieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados, Spagnuolo y de los directivos de la droguería Suizo Argentina involucrados.
La medida ordenada en la últimas horas permitirá a la justicia acceder a información tributaria y financiera en la causa en la que se denunció un entramado de corrupción en el que se menciona a Karina Milei y su mano derecha Eduardo “Lule” Menem.
Desde el comienzo de la investigación la justicia dispuso allanamientos, secuestro de teléfonos de Spagnuolo, Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, del dinero que se encontró en uno de los autos, imágenes de cámaras de seguridad del barrio La Isla en Nordelta, entre otras.
También se bloqueó el acceso de los involucrados a las cajas de seguridad, se les impidió la salida del país y ahora se libraron los oficios para el levantamiento del secreto bancario y fiscal.
La causa se abrió tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo sobre el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia de discapacidad.
En los audios filtrados se involucra en este esquema a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, quien se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional. También se menciona a la droguería Suizo Argentina, que actuaría como presunta intermediaria en los pagos.
El Gobierno nacional y el propio Javier Milei negaron las acusaciones y denunciaron “una operación electoral”.
Con información de M1
La Justicia avanza en la investigación alrededor del presunto esquema de retornos que involucra a funcionarios sensibles del Gobierno. Las inspecciones buscan dar con más documentación.
El tribunal revocó una decisión previa y autorizó a la defensa a incorporar medidas clave, lo que abre la posibilidad de un pedido de liberación o prisión domiciliaria.
Los archivos, aportados por un periodista, podrían probar que laboratorios pagaban porcentajes a funcionarios para adjudicarse compras de medicamentos.
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