Ivana Chañi
Hoy, lunes 4 de agosto, comienza la audiencia de debate en la Sala 7 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro. En este proceso, serán juzgadas veinte personas, entre funcionarios del Servicio Penitenciario, internos de la Unidad Carcelaria 1 y familiares, por conformar una organización narcocriminal que operaba dentro del Penal de Villa Las Rosas. Los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar integran el tribunal.
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, destacó la actuación del Ministerio Público Fiscal para esclarecer esta mega causa. En diálogo con Aries, el Procurador subrayó que la red de corrupción en el Servicio Penitenciario salteño incluía no solo a personal de bajo rango, sino también a elevadas autoridades que consolidaron esta estructura ilícita. “La nota de distingo es que no solamente era personal raso sino elevadas autoridades del Servicio Penitenciario que formaron parte y consolidaron una red interna de corrupción dentro del Servicio Penitenciario”, recalcó García Castiella.
La Unidad Fiscal, conformada por García Castiella junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, representa al Ministerio Público Fiscal en este juicio, unidad creada desde el inicio de la investigación mediante Resolución Nº 1495 del 19 de diciembre de 2023.
La acusación de la Unidad Fiscal apunta a ocho funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos penados y familiares de estos, por formar parte de la organización. La investigación identificó tres aspectos clave en el funcionamiento de la red: la distribución interna de droga en el penal, las conexiones externas para el manejo de dinero, y la complicidad de funcionarios penitenciarios. Se prevé que más de 180 testigos presten declaración a lo largo del proceso judicial.
El procurador se atrevió a utilizar el término "imperdonable" para describir esta situación, aunque resaltó que se trata de una acusación que deberá ser materia de contraste con la defensa y, eventualmente, de una sentencia del tribunal.
La investigación, indicó, contó con largos períodos de amenazas contra compañeros de los agentes y familiares de los internos, lo que sugirió que todo era como se acusaba. Esta situación, justamente, motivó a García Castiella a acompañar e integrar la unidad fiscal, una posibilidad que admite la Ley Orgánica del Ministerio Público para causas de relevancia pública o social. Recordó una "panfletada muy fea" y una amenaza muy dura que recibió la entonces directora del Servicio Penitenciario, Karina Torres, quien "fue muy presta y acompañó y se puso a disposición de la investigación, algo muy saludable y muy sano para las instituciones".
