La ex presidenta fue hallada culpable del delito de administración fraudulenta y además de la condena penal, la Corte validó el decomiso de casi 85 mil millones de pesos como parte del daño ocasionado al erario público. Conocida como la causa Vialidad, en dos instancias la Justicia sancionó las maniobras delictivas en la obra pública de Santa Cruz. Bajo la apariencia de legalidad, se realizaron licitaciones simuladas y adjudicaciones direccionadas que beneficiaron a empresarios cercanos al poder, especialmente a Lázaro Báez. El máximo tribunal, que intervino luego que la propia Cristina Fernández fuera en queja, afirmó en su fallo que ella abusó de sus funciones en favor de intereses personales, desnaturalizando el uso de los fondos públicos.
Sobre la situación que atraviesa la líder política, que consolidó su poder especialmente en las dos últimas décadas, se observa que se frustra cualquier intento de ejercitarlo desde una función electiva y con fueros. Atendiendo a esa circunstancia, las opiniones cayeron sobre la justicia a la que incluso se la acusa de atentar contra la democracia.
Mucho trabajó la referente peronista desde que se tornaron conducentes las denuncias por corrupción que se formularon en su contra para convertir a su seguro paso por los tribunales en una épica, que la convierta en víctima de la persecución del poder económico. Precisamente, cuando en diciembre de 2022 se conoció la condena el Tribunal Oral Federal número 2 que la juzgó, a través de un extenso y fuerte discurso, aseguró que el fallo respondía a “un Estado paralelo y a una mafia judicial". Identificó a uno de sus operadores -el señor Magneto, CEO del Grupo Clarín- al que le dijo que nunca sería “su mascota”. En su punto instaló su defensa pública, especialmente a través de sus redes, llevando a que el análisis de la causa se centre en ese aspecto y no en la cuestión de fondo: la corrupción.
Y pareciera que no es un tema que preocupe a quienes desde los medios van armando una opinión en torno a lo que se calificó como un precedente inédito en la historia institucional argentina, en el que una ex jefa de Estado es condenada de manera firme por esa causa. Para justificar la marginación de ese motivo, se repite que no se ha demostrado de manera fehaciente su responsabilidad en los hechos.
Está dicho que la corrupción tiene consecuencias negativas, no solo en el sistema institucional sino, incluso, en el propio del desarrollo económico. La falta de transparencia y de control suelen ser sus causas.
Según Índice de Percepción de la Corrupción 2024, que desde 1995 elabora Transparencia Internacional, la Argentina obtuvo 37 puntos sobre 100 posibles; esto es, más cerca del cero que califica a los países más corruptos. No ha mejorado su posicionamiento, pese a la consigna del gobierno de la Libertad Avanza de atacar todos los nichos de corrupción.
Por ahora, aparece como urgente resolver la situación del sector político que se referencia en Cristina Fernández. La pretensión de los más cercanos es llevarla como bandera para una reorganización que fortalezca liderazgos que coloquen al peronismo a la cabeza de la oposición al gobierno de Javier Milei.
La lucha contra la corrupción es harina de otro costal y pareciera que puede seguir esperando.
Salta, 12 de junio de 2025
