A casi un año de su firma, el Pacto de Güemes muestra escasos resultados. No es un problema provincial y, quizás, tampoco de gestión del Ejecutivo. De allí una nueva reunión de gobernadores de todo el país.
Opinión02/06/2025
El cierre de la primera mitad del segundo año de gobierno de la Libertad Avanza muestra que se está ante una administración que no escucha pero tampoco se allana a normas que no fueron modificadas. Es cierto que todavía está vigente la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética declarada por la Ley de Bases y en ese marco, las facultades delegadas al Ejecutivo nacional pero nada de eso anula una relación institucional claramente establecida entre Nación y Provincias.
Esa relación, sin embargo, no está equilibrada y el gobierno de Javier Milei está trasladando cada vez más obligaciones a los gobernadores. Este fin de semana se conoció el DNU que declara el retiro del Estado nacional de la atención de personas en situación de calle, reformando una ley que data de 2021. La decisión es una más de un creciente paquete en el que trabaja el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger.
El problema de fondo que preocupa a los gobernadores no es el nuevo ordenamiento que está definiendo el gobierno nacional, sino la afectación del federalismo por su desfinanciamiento. No fue difícil, entonces, la convocatoria para este martes a una reunión que se efectuará en el Consejo Federal de Inversiones a fin de avanzar en una reforma que no puede seguir demorando. Es de carácter fiscal y tiene a la coparticipación como el eje excluyente.
Para este año se prevé una caída de la recaudación y si la administración libertaria sigue despojándose de sus obligaciones pero no de los recursos destinados a cubrirlas, las provincias temen el desequilibrio de sus cuentas. La decisión de abandonar la obra pública, alejarse de la prestación de servicios esenciales como educación y salud y administrar sin presupuesto propio para el ejercicio fiscal en curso, no es todo lo que hace en perjuicio del interior el gobierno central. Incumple los convenios que se acuerdan.
Hace un año, Salta definió con el acuerdo de la mayoría de las fuerzas políticas, económicas y sociales, el llamado Pacto de Güemes, firmado el 17 de junio pasado y entregado a Milei. En su texto se precisaban los puntos considerados claves para el desarrollo de Salta, se reflejaban las coincidencias en torno a las inversiones en infraestructura consideradas prioritarias para mejorar su matriz productiva y que venían siendo financiadas por el Estado nacional. En el documento se ratificó la voluntad de no renunciar a recursos que le corresponden a Salta y que ya por entonces eran retenidos por la gestión libertaria como el fondo compensador del transporte y el incentivo docente.
El documento motivó una ronda de conversaciones con la dirigencia de partidos y de instituciones empresariales y sociales, que se abrió con el diálogo entre el gobernador Sáenz y sus antecesores, el senador Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey. Todo quedó como si se hubiese escrito en el agua, pese a los gestos permanentes de acompañamiento del mandatario local y del legislador nacional.
La cruzada federalista propuesta en el Pacto no logró romper un poder que se encierra ante lo que no va en su mismo sentido. Si no hay un cambio en la distribución de recursos, a través del régimen de coparticipación y otros instrumentos de relacionamiento entre la Nación y las provincias, se profundizará la desigualdad y el desequilibrio económico y social entre regiones, provincias y departamentos.
Este mapa debe cambiar con la unidad de acción del país federal.
Salta, 02 de junio de 2025
La última semana de enero está confirmando que la temporada turística en la provincia no colma las expectativas de los sectores vinculados a una actividad que los salteños aprecian por el impacto que tiene en una economía débil. Los datos referidos a la primera quincena no son positivos y las proyecciones tampoco lo son.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
A medida que se acerca febrero, se intensifican las negociaciones en el ámbito parlamentario. Desde la oposición se han cuestionado las limitaciones de la agenda de temas a tratar en extraordinarias mientras el oficialismo intenta resguardar las principales iniciativas que debe analizar el Congreso.
En pleno verano argentino, un suceso anual en el hemisferio norte concentra la atención pública, especialmente de la dirigencia política, económica y social. Se trata del Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos, en el que ha disertado el presidente Javier Milei.
Con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero en la mano, el ministro Diego Santilli, mantuvo este lunes en Salta un encuentro con el gobernador. También se reunió con los principales referentes provinciales del partido gobernante a nivel nacional. Son las misiones que lo llevan por todo el país.
La Provincia ya tiene el aval de la Nación para el crédito que FONPLATA le otorgará para avanzar en el Corredor Bioceánico Eje Capricornio. La confirmación está contenida en el Decreto 22, que se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, días previos a la llegada del Ministro del Interior, que vino a negociar el apoyo de Salta a la reforma laboral.
Los trabajos se extenderán del 26 de enero al 1 de febrero en Capital y Valle de Lerma, en el marco del Plan de Inversión 2026 de EDESA.
El conglomerado indio Welspun se adjudicó la provisión de caños para la construcción de un gasoducto de 500 kilómetros en Vaca Muerta, superando la propuesta del grupo Techint.
El pago alcanzará a la totalidad de los empleados de la administración pública provincial, incluyendo salud, seguridad, educación y el resto de los organismos estatales.
La cancelación de una muestra de arte wichí en el Palacio Libertad generó una fuerte polémica y denuncias de censura y segregación contra las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Los Entes Reguladores de las tres provincias avanzan con una nueva presentación judicial y advierten por la falta de inversión en líneas de alta tensión.