El cierre de la primera mitad del segundo año de gobierno de la Libertad Avanza muestra que se está ante una administración que no escucha pero tampoco se allana a normas que no fueron modificadas. Es cierto que todavía está vigente la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética declarada por la Ley de Bases y en ese marco, las facultades delegadas al Ejecutivo nacional pero nada de eso anula una relación institucional claramente establecida entre Nación y Provincias.
Esa relación, sin embargo, no está equilibrada y el gobierno de Javier Milei está trasladando cada vez más obligaciones a los gobernadores. Este fin de semana se conoció el DNU que declara el retiro del Estado nacional de la atención de personas en situación de calle, reformando una ley que data de 2021. La decisión es una más de un creciente paquete en el que trabaja el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger.
El problema de fondo que preocupa a los gobernadores no es el nuevo ordenamiento que está definiendo el gobierno nacional, sino la afectación del federalismo por su desfinanciamiento. No fue difícil, entonces, la convocatoria para este martes a una reunión que se efectuará en el Consejo Federal de Inversiones a fin de avanzar en una reforma que no puede seguir demorando. Es de carácter fiscal y tiene a la coparticipación como el eje excluyente.
Para este año se prevé una caída de la recaudación y si la administración libertaria sigue despojándose de sus obligaciones pero no de los recursos destinados a cubrirlas, las provincias temen el desequilibrio de sus cuentas. La decisión de abandonar la obra pública, alejarse de la prestación de servicios esenciales como educación y salud y administrar sin presupuesto propio para el ejercicio fiscal en curso, no es todo lo que hace en perjuicio del interior el gobierno central. Incumple los convenios que se acuerdan.
Hace un año, Salta definió con el acuerdo de la mayoría de las fuerzas políticas, económicas y sociales, el llamado Pacto de Güemes, firmado el 17 de junio pasado y entregado a Milei. En su texto se precisaban los puntos considerados claves para el desarrollo de Salta, se reflejaban las coincidencias en torno a las inversiones en infraestructura consideradas prioritarias para mejorar su matriz productiva y que venían siendo financiadas por el Estado nacional. En el documento se ratificó la voluntad de no renunciar a recursos que le corresponden a Salta y que ya por entonces eran retenidos por la gestión libertaria como el fondo compensador del transporte y el incentivo docente.
El documento motivó una ronda de conversaciones con la dirigencia de partidos y de instituciones empresariales y sociales, que se abrió con el diálogo entre el gobernador Sáenz y sus antecesores, el senador Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey. Todo quedó como si se hubiese escrito en el agua, pese a los gestos permanentes de acompañamiento del mandatario local y del legislador nacional.
La cruzada federalista propuesta en el Pacto no logró romper un poder que se encierra ante lo que no va en su mismo sentido. Si no hay un cambio en la distribución de recursos, a través del régimen de coparticipación y otros instrumentos de relacionamiento entre la Nación y las provincias, se profundizará la desigualdad y el desequilibrio económico y social entre regiones, provincias y departamentos.
Este mapa debe cambiar con la unidad de acción del país federal.
Salta, 02 de junio de 2025
