Evaluación

Mientras la dirigencia política sigue enfrascada en el análisis de resultados electorales y en las proyecciones de los que aún restan obtener, la gremial se tuvo que abocar a evaluar el alcance de medidas dispuestas por el gobierno libertario. La moderación con la que vino reaccionando ante la eliminación de organismos estatales y el cierre de empresas con su secuela de desocupación, hace suponer que también optará por caminos diferentes a la confrontación directa. Según anticiparon voceros del arco sindical, será la justicia la que deba resolver la limitación al ejercicio de derechos esenciales que generan las disposiciones cuestionadas.

La más fuerte es la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, al obligar a los sindicatos que dispongan medidas de fuerza a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%. Es que a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Ejecutivo amplió el listado de actividades esenciales o de importancia trascendental y en esos ámbitos, las protestas deben asegurar un funcionamiento de esos servicios del 75 y del 50%, respectivamente. Esta limitación evitará que los establecimientos educativos cierren sus aulas y el transporte terrestre y aéreo se paralice complicando la circulación de millones de personas que deben transitar para cumplir actividades cotidianas.

Desde que Javier Milei llegó al gobierno varios fueron los intentos por lograr este tipo de ordenamiento. El primero fue el famoso DNU 70 de diciembre de 2023, cuyo capítulo laboral fue anulado por la Justicia del Trabajo. También puede inscribirse en esos esfuerzos la media sanción que laboriosamente se obtuvo en Diputados de la Nación declarando a la educación como “servicio estratégico esencial” para garantizar el dictado de clases durante los días de paro. Pese a los reparos por la vulneración del derecho constitucional a la huelga, se reconoció que hay dos derechos en pugna y como ningún derecho es absoluto, se impone la superioridad del derecho de niños y adolescentes a la educación.

Por otro lado, el Gobierno oficializó la eliminación de la participación directa del Estado en las negociaciones salariales docentes a nivel federal. Será tarea del Consejo Federal de Educación y de los sindicatos con representación nacional acordar las condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente, atento a que las empleadoras son las provincias y la ciudad de Buenos Aires. El retiro de la Secretaría de Educación de la Nación fue duramente cuestionado porque se considera que atenta contra el espíritu federal y democrático del sistema educativo.

También por decreto se modificó la Ley de Asociaciones Sindicales, una norma intocable si no es con la anuencia de la dirigencia gremial. Más allá de lo simbólico de esta actitud unilateral, el objetivo no es irritante ya que dispone limitar la intervención del Estado en las elecciones internas de los sindicatos. Según el Gobierno, la medida busca fortalecer la autonomía sindical y garantizar la libertad sindical.

Este dinamismo se ha vinculado al vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso Nacional, que se usaron para eliminar funciones estatales consideradas innecesarias por el gobierno de la Libertad Avanza. Aún está pendiente la publicación de un DNU que contempla la eliminación de 24 organismos, la fusión de más de 15 y la transformación de 16 dependencias.

El 27 de junio se cumplirá un año de la sanción de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética y concedió superpoderes al presidente por ese plazo.

Entonces, habrá sonado la hora de evaluar los cambios que ilusionan a la sociedad.

Salta, 22 de mayo de 2025.