Tres decisiones del gobierno nacional impactaron en territorio sindical, enervando una estructura resistente a los cambios. Anticipan un clima de conflictividad que no frenará el ímpetu reformador, ante la inminencia de la caducidad de las facultades delegadas al Presidente de la Nación.
La denuncia presentada por violencia institucional de género, amenazas y coacción, y que reveló un polémico manejo de $90 millones, contra el Presidente de la Agencia Salta Deportes ya tiene un fiscal a cargo y se esperan medidas.
El Ejecutivo Provincial envió el proyecto de ley para su tratamiento en las Cámaras legislativas.
El secretario de la ADP expresó su “más enérgico repudio” al proyecto del Gobierno provincial para excluir a los jubilados de la cobertura del IPS. Acusó al oficialismo de encubrir “negociados con clínicas” y adelantó que convocará a un frente gremial.
Julia Toyos aseguró que la iniciativa “es una locura”, “discriminatoria por vejez” y “vulnera derechos constitucionales fundamentales como el acceso a la salud”.
Minería, turismo, ingresos brutos a comercios, armonización y actualización del Código Fiscal, entre otras medidas.