El clima electoral que domina al país no tapa hechos significativos que se están desarrollando. Es el caso de la edad de imputabilidad en menores, que tiene un dictamen favorable para que se reduzca a 14 años.
Opinión07/05/2025
La decisión de modificar el Régimen Penal Juvenil ya tiene su tiempo. La discusión ha trascendido varios turnos de gobierno pero desde hace un año y con el impulso de la administración libertaria ha tomado decididamente un camino de definición, que obliga a que todo el país esté atento sobre la resolución final. Es una de las cuestiones que exige una mirada federal y compromete a la sociedad en su conjunto.
No es un tema para un tratamiento electoralista pero sí se trata de una decisión política que se tratará de lograr antes de la renovación parlamentaria. En ámbitos especializados fue objeto de análisis y se tomó posición, quedando en claro que no hay unanimidad y hay exigencias que deben ser consideradas en la norma que se está tratando.
Al debate que generó la decisión del Ejecutivo nacional de girar un proyecto al Congreso, bajando la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, desde esta provincia se sumó oportunamente la voz de María Eugenia Hernandez Berni, asesora de menores e incapaces N° 5, quien calificó como un error la intención de bajar la edad de punibilidad de los delitos que cometen menores de edad, alegando que si se adopta esa medida las bandas y organizaciones delictivas buscarán niños más chicos para usarlos en la comisión de los mismos. Además destacó que en Salta solo el 1 por ciento de los delitos graves son cometidos por los menores.
La funcionaria opinó que “uno de los grandes temas que se deben abordar es la presencia o ausencia del Estado en materia de políticas públicas que puedan contener a todos estos niños y niñas, que en su inmensa mayoría provienen de hogares disfuncionales, con ausencia de las figuras parentales”. Convocó a pensar como sociedad porqué se pasó de niños en peligro a niños peligrosos.
Es cierto que en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación hubo espacio para escuchar a expertos de la sociedad civil, la mayoría de los cuales expresaron críticas a la intención de apuntar a la baja de la edad. Cumplida esa consulta se avanzó a la compatibilización de siete proyectos, incluyendo el más extremo girado por la cartera de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona.
Finalmente este martes, en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y Presupuesto y Hacienda se despachó un dictamen proponiendo los 14 años como umbral mínimo de punibilidad. Tiene un importante número de adhesiones y superó al de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que mantiene esa edad en los 16 años.
Desde la oposición se cuestionó que se imponga la política punitivista que sostiene la derecha argentina sin poner el acento en disposiciones que pongan a resguardo los derechos básicos de la población adolescente. Sí se han contemplado garantías procesales, como las del debido proceso, la defensa en juicio y el derecho a ser oídos. También se propone reducir la pena máxima de 20 a 15 años.
Pero se abrió un nuevo frente para encarar las penas privativas de la libertad. Una corriente de opinión exige que ningún juez dicté la prisión efectiva hasta que los institutos no estén adecuados para albergar a adolescentes de 14 a 18 años. Son las provincias las que deben asumir la responsabilidad de esa adecuación.
Ninguna política de obra pública proyecta la construcción de cárceles, cuando hacen faltan viviendas, rutas o diques. Las políticas públicas actualmente tampoco resuelven la problemática social que conduce a reclamar más seguridad. Tampoco se ha logrado la contención de una parte importante de la población que las estadísticas ubican en el sector donde castiga la pobreza y la mala calidad de la educación.
Son las prioridades que deben atenderse.
Salta, 07 de mayo de 2025
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
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