La de este jueves es la tercera huelga impulsada por la CGT y esta fue acompañada por las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina. Fue convocada para rechazar las medidas económicas del actual gobierno.
El acatamiento es dispar según los sectores laborales y según la provincia pero hay coincidencia en apreciar que no se trata del uso de una herramienta en los términos en que la propia Constitución reconoce como un derecho de los trabajadores. Está consagrado en el artículo 14 bis y es el que permite a los trabajadores organizarse para luchar por mejores condiciones laborales y salarios.
Lamentablemente, en las últimas cuatro décadas viene siendo utilizada como un mecanismo para que la conducción sindical, que mayoritariamente se reconoce como peronista, resuelva a su favor una puja por el poder político. De allí los trece paros realizados contra del gobierno radical que, liderado por Raúl Alfonsín, cargó con la tarea de reconstruir el tejido institucional destruido por la última dictadura militar.
Se está atravesando un tiempo difícil y cualquier sector de la vida nacional tiene más de una razón para cuestionar la administración libertaria. La concepción del modelo impuesto por la presidencia de Javier Milei avanza sobre estructuras sociales y económicas que no resolvieron los problemas que llevaron a que la Argentina retroceda en la región. Las reformas están generando severos ajustes que caen sobre diversos grupos sociales que, por lo menos hasta ahora, mantienen la convicción que los cambios deben realizarse aunque cuestionan los métodos y se preocupan por los resultados.
Pero hay los que observan que van perdiendo situaciones de privilegio y también el aprecio social. Los sindicatos ya no son las instituciones en las que se puede referenciar la verdadera lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones y su dirigencia se resiste a cualquier cambio que la aleje de la conducción que, en algunos casos, se acerca al medio siglo de permanencia.
Hay momentos de la historia nacional que muestran el papel protagónico que el gremialismo ha tenido en la defensa de los trabajadores. Por ello es que la dictadura cívico militar, apenas instalada en marzo de 1976, prohibió el derecho a huelga, suspendió toda actividad sindical e intervino la CGT, sus 30 regionales y todos los gremios, incluyendo las federaciones que los representaban. También modificó la Ley de Asociaciones Profesionales aprobando la libre afiliación, entre otros aspectos; además, se sancionó la Ley de Prescindibilidad, que autorizaba el despido de cualquier empleado de la administración pública y se modificó la Ley de Contratos de Trabajo. Desde el retorno de la democracia ningún gobierno embistió contra los derechos laborales pero hubo resistencia cada vez que se pretendieron cambiar aspectos para limitar los excesos sindicales.
A diferencia de la huelga general del 30 de marzo de 1982, que puso un mojón en la lucha contra la dictadura, se pretende torcer el brazo de un gobierno legítimamente instalado. Se desconoce una estructura institucional, como el Congreso y la Justicia, responsables de encontrar las salidas que se demandan. Tampoco se tiene en cuenta que este año hay una elección de medio tiempo que, sabiamente, permitirá que sea la sociedad la que sostenga o recorte el poder del Ejecutivo.
Desde las urnas debe salir la última palabra.
Salta, 10 de abril de 2025
