Las decisiones adoptadas por Estados Unidos, una de las naciones líderes del planeta, alteró los mercados y puso a las economías de cada país en un estado de incertidumbre.
Desde la administración de Gustavo Sáenz, la voz cantante la puso el Ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable, quien dio una medida aproximada del impacto que este complejo contexto puede tener en la economía provincial. Aseguró que “impacto directo no hay, pero indirecto sí puede haber” por lo que exhortó a actuar con prudencia ante un panorama cambiante. Precisamente la actitud que adoptó el gobierno local es mantener abierto los canales de diálogo con el sector privado porque se debe hacer lo posible, ante la falta de certezas, para proteger los intereses salteños
Al igual que las consideraciones de la conducción económica nacional, reconociendo que lo que está ocurriendo afecta un aspecto muy sensible de la gestión -como es la negociación por fondos para fortalecer las reservas del país-, en el caso de Salta la mirada se pone en un sector clave como es la minería. Y ello ocurre en momentos en que se está siguiendo muy de cerca algunos aspectos fundamentales.
Es que se ha puesto de relieve que la Provincia sostiene la mayor presión tributaria respecto de la región y, puntualmente, en comparación con las provincias mineras. El ministro Martín de los Ríos reconoció que algunos cánones mineros se ubicaron por encima de otras jurisdicciones y se están revisando las posiciones.
Tal desfase le quita competitividad, en un modelo económico que va registrando cambios que pasan, en no pocos aspectos, por ese eje como condicionante. La minería en la Argentina se está abriendo a nuevos participantes y tratándose de una actividad en la que intervienen empresas de carácter internacional por el volumen de inversiones que demanda, sin dudas que las ventajas son apreciadas especialmente en torno de los costos que imponen los estados.
La organización en sendas mesas de las provincias productoras de litio y de cobre precisamente apuntan a conformar bloques que las fortalezcan, a partir de la homogeneización de las normativas. En esa tarea, el sector privado juega un rol destacado planteando sus demandas, advirtiendo sobre déficits o excesos de intervencionismo estatal, a fin de facilitar correcciones.
La burocracia que afecta la agilidad de las tramitaciones es uno de los puntos que se pueden enmendar, en tanto no afecte la previsibilidad y seguridad jurídica de los inversores ni los intereses de la Provincia, como propietaria de recursos no renovables. La infraestructura productiva es otro aspecto que se debe atender, especialmente en vinculación a la conectividad vial, en la que Salta registra un atraso visible. Son aspectos que se agregan a la cuestión tributaria, que exige un equilibrio extremo.
Cómo se resuelvan estas cuestiones puede responder a un concepto que sostiene el Ejecutivo nacional, de fortalecer el federalismo desde las provincias. La descentralización, desde ese pensamiento, no pasa por la distribución de la riqueza desde un poder central sino de que cada provincia se haga cargo de lo propio.
No parece ser el camino sino parte del mayor debate nacional pendiente: el de la coparticipación. Y para ello hay que construir la voluntad política que lo impulse, para lo que se requiere grandeza.
Salta 08 de abril de 2025
