Las políticas macroeconómicas nacionales están afectando severamente muchos aspectos de la administración de las provincias y el reciente relevamiento de la situación de la minería, realizado en la reunión de la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta de ello. El balance general es auspicioso pero hay aspectos que, si no se atienden oportunamente, pueden significar la frustración para algunos estados, que están modificando su matriz productiva poniendo el eje en la minería.
Datos precisos fueron expuestos por el secretario de Minería de la Nación, Luis Enrique Lucero, quien hizo un informe sobre los proyectos en marcha en las diferentes provincias, que representan inversiones por cifras millonarias, dando fundamento a su afirmación de que se está viviendo un momento extraordinario por el interés que el mundo tiene en los recursos con los que cuenta la Argentina y en las decisiones que va adoptando, como el RIGI, un régimen de promoción de grandes inversiones. El resultado de la participación de las provincias en misiones al exterior, organizadas por el gobierno nacional, se manifiesta en un cúmulo de memorandos de entendimiento que se vienen firmando con distintos países como Alemania, Estados Unidos, Emiratos Árabes, India y Canadá, además de organismos globales como la Unión Europea. El funcionario nacional destacó el precio del oro, que alcanzó niveles sin precedentes, mientras que la plata y cobre tienen un buen momento. Sin embargo, el litio “sigue sufriendo por ahora”, reconoció.
Hacia adentro, hay dificultades preocupantes que quedaron en evidencia en la exposición de los funcionarios provinciales que se manifestaron frente a los legisladores nacionales y representantes de empresas mineras con proyectos en ejecución. Todos han ponderado la expectativa puestas en el desarrollo minero, hay fuertes coincidencias pero también un posicionamiento disímil cuando de lo que se trata es de aprovechar ese momento extraordinario al que se refirió el Secretario de Minería de la Nación. Por caso, Mendoza es una provincia que se está incorporando, merced a reformas legislativas, al grupo de provincias mineras y se expresó dispuesta a cargar tareas de competencia nacional, cuestión no compartida por sus pares, pese a que algunas avanzaron obligadas en ese sentido.
El caso de Salta, informado por el diputado Pablo Outes, se concentró en un reclamo que no admite demoras, según la exposición. La provincia tiene una mirada optimista al futuro pero admite dos problemas graves: infraestructura y necesidad de capacitación del recurso humano. Y suma una dificultad en la búsqueda de soluciones; según el legislador hay diferencias políticas y de criterio que no permiten los avances en un sentido conducente.
En ese orden, exigió un plan nacional de infraestructura minera porque las empresas no van a resolver los déficits de esa naturaleza, especialmente los de carácter vial. Se sugirió que si no hay fondos, la Nación debe disponer estímulos como los diferimientos a futuro de obligaciones fiscales.
La respuesta no fue alentadora porque se destacó que son las provincias mineras las que se quedan con las regalías. Se les ha requerido ser equilibradas en orden a que no se puede hacer una minería federal cuando conviene y nacional, cuando no conviene.
Para un gobierno como el provincial, que enfrenta severas limitaciones financieras, esta posición adelanta mayores dificultades y el riesgo de perder oportunidades. La garantía de gobernabilidad que ofrece Gustavo Sáenz, debe ser recíproca. Es lo que se debe exigir en estas circunstancias.
Salta, 27 de marzo de 2025
