Kueider: la Justicia mantiene la causa en la provincia y la disputa se dirimirá en la Corte Suprema

“No existen razones materiales ni jurídicas que fundamenten la competencia del fuero Federal”, afirmó el juez Edwin Ives Bastián. De esta manera, descartó el pedido de la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Entonces, sólo la Corte Suprema tendrá la autoridad para decidir quién investiga a Edgado Kueider.

El escrito de Bastián tiene 8 fojas. Pero siete son un copy paste del dictamen del fiscal José Arias, quien le recomendó que no se inhiba y mantenga la competencia provincial en el caso.

Además, el titular del Juzgado de Garantías 2 de Concordia invitó a Arroyo Salgado a “tener por planteada una cuestión de competencia de no compartir los criterios expuestos en los considerandos de la presente”, De ser así, debería enviarla ”al superior común para dirimir un eventual conflicto positivo de competencia”.

Esto es: que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación, único superior común de ambos Tribunales, la que resuelva si la investigación por enriquecimiento ilícito contra Kueider se tramitará en Concordia o en San Isidro.

El exsenador fue detenido en Paraguay con más de USD 200 mil sin declarar. Y se le abrió un caso por intento de contrabando. En Argentina hay dos causas por enriquecimiento ilícito que corren en paralelo.

En Concordia se inició el 16 de junio por la denuncia de un vecino, Eliseo Blanco. Allí se expuso que el exsenador tenía tres departamentos y dos cocheras en un lujoso hotel de la capital entrerriana. Figuraban a nombre de la sociedad anónima Betail. Los datos estaban en la declaración jurada que Kueider presentó en 2021.

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El 2 de julio, en San Isidro, el periodista Christian Sanz denunció los mismos hechos y con la misma base ante el juzgado de Arroyo Salgado. La jueza vinculó en octubre este expediente con uno anterior. Se trata de la causa Securitas. La propia empresa, que tiene sede en Munro, denunció que directivos de la firma habían pagado coimas para quedarse con contratos en empresas estatales.

Una de ellas es Enersa, la distribuidora eléctrica de Entre Ríos. Las operaciones habrían sido entre 2017 y 2019, cuando Kueider ocupaba la secretaría general de la Gobernación, aunque no tenía participación ni incidencia directa en las actividades de la firma.

El 17 de diciembre, Arroyo Salgado pidió a Bastián que se inhiba y le remita las actuaciones. El magistrado entrerriano corrió vista a Arias. El fiscal respondió el lunes 24. Pero su dictamen fue llevado al despacho de Bastián recién el jueves de la semana pasada. Este lunes 10 a media mañana, el juez comunicó a las partes su decisión.

Los fundamentos

Dentro de los argumentos usados por Arias para negar la remisión del legado de investigación a San Isidro entendió que Arroyo Salgado pretendió “extender la competencia federal a hechos que no tienen una vinculación necesaria” con los investigados como derivación de la causa Securitas.

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Incluso fue más allá y señaló: “De la lectura del auto de procesamiento y de la resolución de la Cámara Federal en la causa Securitas no se describe ninguna participación de Kueider en el entramado Enersa - Securitas, a punto que las resoluciones no mencionan su nombre”. En concreto, apuntó al párrafo que indica que los miembros de la asociación ilícita que habría operado en la firma de seguridad privada “corrompieron a distintos funcionarios públicos” de Entre Ríos, sin dar el nombre del legislador expulsado del Senado.

La conexión del exsenador con la causa madre que investiga Arroyo Salgado se habría producido -subrayó Arias- a través de mensajes de texto, y por la firma de un acta en la que Kueider participa como representante del Poder Ejecutivo en una asamblea de accionistas de Enersa. La empresa distribuidora de electricidad de Entre Ríos es una SA donde el Gobierno tiene el control del capital accionario.

“Estos elementos podrían justificar la atribución de responsabilidad penal a Kueider por los concretos hechos de corrupción funcional que allí se investigan, pero de ningún modo pueden ser un justificativo para que esa jurisdicción (la Federal) absorba la investigación que aquí se lleva adelante por el delito de enriquecimiento ilícito”, consignó.

Por otro lado, estimó que no conmueve su razonamiento el detalle de que los departamentos y cocheras de lujo de la empresa Betail SA. Kueider es el titular de la firma . Los inmuebles están en el mismo edificio donde los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul tienen propiedades. Ambos fueron sindicados como piezas clave en la estructura de corrupción montada en la causa Securitas.

“Aun cuando se defendiera la competencia federal para la investigación de los hechos de lavado (de dinero), ninguna circunstancia (los) vincula con la radicación territorial del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro”, replicó Arias. Estos activos blanqueados serían, razonó, consecuencia del enriquecimiento ilícito como funcionario público municipal y provincial. De este modo, el delito de lavado de dinero tendría vinculación material y normativa con la pesquisa que encabeza.

Además, contrastó que la instrucción de Arroyo Salgado está centrada en el período 2015 - 2019. En ese interín, Kueider fue secretario General de la Gobernación. La que Arias lleva adelante se retrotrae a 1999. En ese año logró su primer cargo público como edil de Concordia.

El Fiscal puso un límite temporal para la investigación que encabeza: el 2021. Lo que exceda esos años “no será competencia provincial”, dictaminó. Así se abrirían las puertas a que la causa se divida por fecha: de 1999 a 2021 en Entre Ríos y, a partir de allí, en San Isidro. Esto es algo que los operadores judiciales de los Tribunales locales entienden que resultaría ilógico.

Con información de Infobae