Agustina Tolaba
Este miércoles, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, anunció que la Fiscal de Impugnación, Mónica Poma, presentó un escrito ante la Sala de Impugnación solicitando extraer copias del expediente de las turistas francesas para continuar con la investigación.
Por Aries, la Dra. Sonia Margarita Escudero celebró la decisión y destacó que “se debe investigar lo que no se investigó”, generando expectativas para que la Justicia y la Policía de Salta “recuperen credibilidad”.
“Nunca se investigó a quién pertenecía el teléfono celular ni qué decía el mensaje de texto que recibió Houria en el momento en que una fotografía la muestra en una confitería al pie de la Quebrada de San Lorenzo, sin consumir nada y aparentemente esperando a alguien”, detalló Escudero.
Además, señaló que la Policía sostuvo que para obtener esos datos era necesario un oficio a la Secretaría de Inteligencia, pero el juez a cargo de la causa nunca lo hizo.
Por ello, Escudero apuntó directamente contra el juez Martín Pérez, asegurando que “fue quien avaló las irregularidades en la investigación y luego fue ascendido”, por lo que “debería ser el primero en ser llamado a declarar”.
Por otro lado, la abogada explicó que Argentina mantiene un convenio de cooperación judicial con Francia y que, debido a la nacionalidad de las víctimas, se inició una investigación paralela en la que los peritos identificaron tres tipos de ADN que no coincidían con ninguno de los acusados.
Asimismo, denunció que “el juez se negó a incorporar las pericias de los peritos franceses, las cuales están en la causa y nunca fueron investigadas”.
Escudero también mencionó el libro Autopsia de un doble homicidio, del periodista Jean-Charles Chatard, quien asegura que en una entrevista Gustavo Lassi confesó haber inculpado a Santos Clemente Vera y a Daniel Octavio Eduardo Vilte “por un trato hecho con el juez Pérez para salvar a su padre y su pareja”.
“La causa estuvo mal desde el hallazgo de los cuerpos”, advirtió Escudero, y consideró que este caso es uno de los más resonantes en la historia de la provincia, no solo por su brutalidad, sino también por el entorpecimiento de la investigación y “el involucramiento de funcionarios públicos que nunca fueron llevados a juicio y que, a día de hoy, siguen en el poder”.
“Si queremos recuperar la credibilidad en la Justicia y la Policía, hay que limpiar la casa. Todos aquellos que desviaron la investigación, que entorpecieron el proceso e incluso cometieron delitos como plantar pruebas o torturar, deben ser sancionados y apartados de sus cargos. No pueden seguir teniendo responsabilidades”, concluyó.
