Ni la derogación de la ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras donde secularmente está radicada la población indígena ni su impacto en quienes pueden resultar perjudicados, fueron cuestiones de atención social. Mucho más fue el desalojo de un predio en el Parque Los Alerces, en Bariloche, por la connotación política de la confrontación con grupos que son o se declaran mapuches en el sur del territorio nacional.
La medida fue adoptada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1083, del 9 de diciembre pasado, firmado por el presidente Javier Milei en Acuerdo con Ministros. Vale destacar que el senador por Iruya, Walter Cruz, fue quien durante todo el año anterior advirtió sobre el riesgo que tal cancelación ocurra, afectando derechos de un sector muy vulnerable, que en la Provincia se integra con casi 150 mil personas.
Ya en 2022, a través de un proyecto de ley presentado en la Cámara baja nacional, se planteaba la necesidad de derogar tal emergencia. Con la firma de la diputada Victoria Villarruel -acompañada entre otros por el salteño Carlos Zapata- se subrayaba que dicha ley, sancionada en 2006, sólo había servido para la comisión de acciones arbitrarias a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, encargado de instrumentar la emergencia. En los fundamentos se citaron casos que los legisladores consideraron “errores de paupérrima gestión a la hora de otorgar territorios federales o privados a comunidades indígenas”.
Como en otros casos de emergencia se vienen debatiendo los requisitos para establecerlos, particularmente cuando se va a disponer su prolongación. Es que la medida de excepción demanda un marco legal, un límite temporal, razonabilidad entre las medidas tomadas y el fin de la emergencia y que la restricción de los derechos no los anule. En la reunión de este miércoles, conducida por el secretario de Asuntos Indígenas Luis Gómez Almarás, revisó el efecto de la derogación de una emergencia que había sido prorrogada en cuatro oportunidades sin que se altere la situación que justificó su sanción.
El análisis realizado fue de carácter institucional, para determinar un trabajo conjunto en pos del bienestar de las comunidades y se destacó la necesidad de trabajar en conjunto con el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, que los representa. Se apuntó al entramado legal que protege a estas comunidades, que parte de la Constitución Nacional y, por supuesto, es sostenido por la Provincial, además de leyes que concurren a su asistencia en distintos aspectos y a tratados internacionales que protegen, especialmente, su acceso a la propiedad de la tierra.
Con esta disposición a proyectar la elaboración de acciones y estrategias que permitan la defensa del territorio de comunidades originarias que puedan ser pasibles de acciones de desalojos, se está tratando de dar contención a la inquietud que se ha generalizado en las comunidades. En ese marco se advirtió que hay desánimo, un punto que genera el riesgo de perder todo, incluso el afán de sostener la cultura y la identidad de los pueblos indígenas.
No es un problema de los originarios. Es una cuestión que atañe a toda la sociedad, que debe acompañar las acciones reivindicativas de quienes ya habitaban este territorio, antes que sea América.
Salta, 16 de enero de 2025
