
El presidente estadounidense firmó un memorando que limita aún más los viajes y transacciones financieras con la isla. El Gobierno cubano calificó la medida como una “conducta criminal”.
El gobierno turco condiciona el fin de las tensiones a la expulsión de líderes del PKK y la integración pacífica de las milicias kurdas en la nueva administración.
El Mundo08/01/2025Turquía está decidida a lanzar una operación militar en Siria si las nuevas autoridades de Damasco no fuerzan la disolución de las milicias kurdas YPG, ha advertido este martes el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.
Ankara considera a las YPG, que dominan grandes regiones del noreste de Siria, una mera rama del proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, y ha subrayado que no deben participar en el proceso de transición.
“La nueva Administración de Siria debe dar pasos para ocuparse de este asunto. Las conversaciones siguen; tomará un tiempo, es un proceso”, dijo el ministro en una entrevista exclusiva con la cadena turca CNNTürk.
Pero si las YPG rechazan disolverse, “es evidente que están jugando para ganar tiempo”, agregó el ministro.
“Hemos dado un ultimátum a las YPG: si quieren evitar una operación militar, estas son las condiciones: los combatientes llegados de otros países y los dirigentes del PKK deben abandonar el país. Ellos saben quiénes son, tenemos los nombres”, aseguró Fidan.
“Una vez que hayan dejado las armas, deben integrarse en el nuevo sistema; debe ser un proceso sin derramamiento de sangre. Los kurdos que no sean del PKK deben participar en la vida normal sin temer por su vida ni sus bienes, y la nueva Administración nos ha dado garantías al respecto”, explicó el ministro.
El nuevo dirigente sirio, Ahmed al Sharaa, cuyo grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) mantiene desde hace tiempo vínculos con Turquía, declaró el domingo a la televisión Al Arabiya que las fuerzas dirigidas por kurdos debían integrarse al ejército nacional.
Fidan afirmó que los nuevos gobernantes de Siria eran capaces de luchar contra las YPG, a las que acusó de ganar tiempo. “La administración de Damasco no está formada por personas que le tienen miedo a la guerra. Se apoderaron de Damasco luchando”, dijo.
Fidan criticó también el apoyo de Estados Unidos a las YPG, asegurando que la lucha contra el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) ya es solo “un pretexto”, y que las milicias kurdas solo “prestan servicios de carcelero” para los campos de internamiento de ex combatientes del ISIS y sus familias en la zona.
Opinó que también el Gobierno de Estados Unidos está intentando ganar tiempo hasta la investidura del presidente electo, Donald Trump, el próximo 20 de enero y que “parece indiferente hacia lo que ocurra después”.
“Nosotros estamos trabajando en el asunto. Si ellos no pueden controlar la situación, nuestras fuerzas tomarán el control”, advirtió el jefe de la diplomacia turca.
En la misma línea, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo el lunes que ordenaría una intervención para evitar cualquier fragmentación de Siria, una advertencia dirigida especialmente a las fuerzas kurdas del país.
“No podemos aceptar bajo ningún pretexto que Siria se divida y si percibimos el más mínimo riesgo tomaremos las medidas necesarias”, afirmó el jefe de Estado turco, añadiendo que “tenemos los medios”.
Erdogan afirmó que no hay lugar para el “terror” en Siria y agregó que “si se presenta el riesgo, podríamos intervenir en una noche”.
Al menos 100 personas murieron en combates durante el fin de semana entre facciones pro-turcas y las Unidades de Protección Popular (YPG), dominadas por los kurdos, la columna vertebral de las SDF.
Ankara considera al YPG como una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que mantiene una lucha armada con el Estado turco desde los años 1980 y está clasificado por Turquía y sus aliados occidentales como un movimiento terrorista.
Con información de EFE y AFP
El presidente estadounidense firmó un memorando que limita aún más los viajes y transacciones financieras con la isla. El Gobierno cubano calificó la medida como una “conducta criminal”.
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