En esta jornada cabe, de cualquier manera, una reflexión que bien podría apuntar hacia lo que viene. 2.025 va a ingresar trayendo la carga de una elección de renovación legislativa, un punto muy alto de participación social y esa es una cuestión que merece atenderse con mucho cuidado.
Cada ciudadano se ve como una unidad, cuando es una parte de un conjunto muy amplio, cuyo contorno no se visualiza porque el espacio es infinito. Y en esa infinitud tiene responsabilidades.
Analizar la tarea que cada uno tiene desde el momento mismo del inicio de un nuevo año no debe generar agobio sino expectativas. Es que cada uno tiene reservado un lugar y asignados los motivos para tomar las riendas de lo que en definitiva constituye un proyecto de vida personal, estrechamente relacionado con una comunidad que lo condiciona pero también lo sostiene.
Una mirada sobre ese entorno debe promover la necesidad de participar, cuestión que en la Argentina está debidamente contemplada en el entramado legal de la Nación. Es que no se discute que resulta importante la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan el desarrollo de sus comunidades. Por ello es un derecho humano que, en ejercicio, resulta una herramienta fundamental para el sistema democrático.
Hay una escala que no categoriza la participación pero muestra opciones para comprometer la contribución de un individuo, un habitante o un vecino y lo convierte en ciudadano. La cuadra, el barrio, la ciudad, la provincia, el país, el mundo, son los espacios que demandan participación.
El peso que puede tener el involucramiento de cada uno en la cuestión comunitaria es lo que ha determinado que se reglamente para habilitar el campo de acción y los mecanismos para su realización. No se trata de permitir que desde el llano se demande y desde la cúspide se decida, sino de construir los canales institucionales para que el poder sea el que satisfaga las necesidades sociales mediante políticas públicas construidas en conjunto.
Especialmente en Latinoamérica, en las últimas décadas del siglo pasado se comprendió plenamente que es la participación ciudadana la que legitima el ejercicio del poder, mientras se erige en un importante elemento de control, contribuyendo esencialmente a una gobernabilidad sustentable. En la reforma constitucional del año 1994 se la consideró un elemento sustantivo y hay varios artículos que contienen disposiciones para fortalecer la participación social, regulando diversos mecanismos que permitan su ejercicio. Como en espejo, lo repiten las constituciones provinciales y las cartas orgánicas municipales.
Ubicarse, no como un objetivo sino como sujeto activo de las decisiones que se toman en su nombre, puede constituir una buena razón para hacer del año que está por comenzar un punto de inflexión en una historia de crisis y lamentos.
Salta, 31 de diciembre de 2024
