El último día del año tienta a realizar una evaluación del tramo transcurrido desde un momento similar doce meses atrás. Pero quizás se encuentren las manos vacías y los puños cerrados.
Opinión31/12/2024
En esta jornada cabe, de cualquier manera, una reflexión que bien podría apuntar hacia lo que viene. 2.025 va a ingresar trayendo la carga de una elección de renovación legislativa, un punto muy alto de participación social y esa es una cuestión que merece atenderse con mucho cuidado.
Cada ciudadano se ve como una unidad, cuando es una parte de un conjunto muy amplio, cuyo contorno no se visualiza porque el espacio es infinito. Y en esa infinitud tiene responsabilidades.
Analizar la tarea que cada uno tiene desde el momento mismo del inicio de un nuevo año no debe generar agobio sino expectativas. Es que cada uno tiene reservado un lugar y asignados los motivos para tomar las riendas de lo que en definitiva constituye un proyecto de vida personal, estrechamente relacionado con una comunidad que lo condiciona pero también lo sostiene.
Una mirada sobre ese entorno debe promover la necesidad de participar, cuestión que en la Argentina está debidamente contemplada en el entramado legal de la Nación. Es que no se discute que resulta importante la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan el desarrollo de sus comunidades. Por ello es un derecho humano que, en ejercicio, resulta una herramienta fundamental para el sistema democrático.
Hay una escala que no categoriza la participación pero muestra opciones para comprometer la contribución de un individuo, un habitante o un vecino y lo convierte en ciudadano. La cuadra, el barrio, la ciudad, la provincia, el país, el mundo, son los espacios que demandan participación.
El peso que puede tener el involucramiento de cada uno en la cuestión comunitaria es lo que ha determinado que se reglamente para habilitar el campo de acción y los mecanismos para su realización. No se trata de permitir que desde el llano se demande y desde la cúspide se decida, sino de construir los canales institucionales para que el poder sea el que satisfaga las necesidades sociales mediante políticas públicas construidas en conjunto.
Especialmente en Latinoamérica, en las últimas décadas del siglo pasado se comprendió plenamente que es la participación ciudadana la que legitima el ejercicio del poder, mientras se erige en un importante elemento de control, contribuyendo esencialmente a una gobernabilidad sustentable. En la reforma constitucional del año 1994 se la consideró un elemento sustantivo y hay varios artículos que contienen disposiciones para fortalecer la participación social, regulando diversos mecanismos que permitan su ejercicio. Como en espejo, lo repiten las constituciones provinciales y las cartas orgánicas municipales.
Ubicarse, no como un objetivo sino como sujeto activo de las decisiones que se toman en su nombre, puede constituir una buena razón para hacer del año que está por comenzar un punto de inflexión en una historia de crisis y lamentos.
Salta, 31 de diciembre de 2024
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.