Conflictos

Hay movilizaciones sectoriales que muestran situaciones que son consecuencia de la falta de resolución de problemas de larga data pero otras resultan de medidas que carecen de consenso.

Los reclamos de organizaciones por mayor asistencia del Estado han sido reemplazadas por marchas como las que estos días son protagonizadas por grupos que apuntan a obtener la satisfacción o la corrección de cuestiones puntuales. En ese caso se pueden destacar a los padres de alumnos de distintos establecimientos educativos, que demandan mejoras en su infraestructura. Ha ocurrido en el interior y en la Capital por situaciones similares  llamando la atención por la precariedad de espacios donde sus hijos toman clases, como lo hicieron esta semana en La Silleta o en semanas pasadas los progenitores de chicos de una escuela de Tres Cerritos; el punto en común es que desde hace dos años, por lo menos, esperan que concluyan obras de mejoras que están demoradas. Se deben sumar las movilizaciones que se llevan adelante por el estado de la centenaria Escuela Sarmiento y ahora, de la Escuela Técnica Joaquín Castellanos. Se registraron incidentes que pusieron en riesgo la salud de los alumnos, sin que hasta el momento se tengan certezas sobre su origen.  

Hubo un anuncio en las últimas horas del ministro de Infraestructura anticipando que el presupuesto provincial para el año 2025 se centrará en educación y salud, dada la necesidad de inversiones urgentes en estas áreas clave; incluso precisó que a partir de diciembre se intervendrán más de 120 escuelas. Es lo que esa cartera puede dar como respuesta pero no alcanza para reducir la tensión que genera una mala comunicación sobre la proyección que pueden tener los incidentes vividos por niños y adolescentes, que advirtieron a los padres el riesgo que pende sobre la seguridad de un ámbito que debe ofrecerla de manera prioritaria, tal como lo señalaron por estas horas.

El gobierno de Gustavo Sáenz también debe encauzar el conflicto que tiene en huelga de hambre a un grupo de empleados de la Dirección de Rentas  y evitar que crezca el que ha comenzado a manifestarse en el área de salud, en protesta por una ley sobre residencias médicas que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Otras protestas, como la del sector universitario o la de los trabajadores de Correo Argentino, son de salteños que rechazan políticas del Ejecutivo nacional y lo obligan a acompañar gestiones para resolver ese efecto.

Muy inquietante es, en tanto, la confrontación entre grupos sociales en el departamento de Rivadavia. Lo que originalmente se circunscribía a una puja por tierras en Alto la Sierra ha mostrado un problema de envergadura entre la comunidad wichi y criollos, por la promoción de acciones en contra de la integridad de la población originaria. El gobierno provincial ha tomado nota de la acusación que pesa sobre miembros de la comunidad criolla que facilitan el consumo de alcohol y drogas y el ejercicio de la prostitución de niños y jóvenes indígenas.  

Nuevamente le tocó al ministro Sergio Camacho, a cargo de la Coordinación del gabinete provincial, comprometer las soluciones. De manera contundente aseguró que “el Estado estará presente” para concurrir al mantenimiento de la convivencia comunitaria. Parte de la cúpula policial desde este miércoles tomó injerencia en el tema.

La paz social en la provincia exige el esfuerzo de todos y sin demoras.

Salta, 13 de noviembre de 2024