El letrado Casabella Dávalos apuntó contra la gestión del ex vicepresidente de la Caja de Abogados, Eduardo Romani, resaltando múltiples irregularidades detectadas en su gestión como tesorero.
Cara a Cara18/10/2024
Agustina Tolaba
Luego de que se detuviera a Sergio López, cajero de la Caja de Abogados, por haber cobrado y haber anulado recibos y por lo que se conoció un faltante millonario, Eduardo Romaní fue apuntado por sus pares por desconocer los hechos, a pesar de tener el deber de controlar la Tesorería.
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el abogado en la causa, Juan Casabella Dávalos aseguró que “se exigió que se realicen auditorias y se determinó que faltaban unos $170 millones" y se mostró sorprendido por la falta de control interno de un manejo multimillonario.
"Había un resquemor en el mundo de los abogados en Salta con respecto al manejo de la Caja de Abogados en los últimos años. Se formó una cierta corporación con vínculos con el Poder Judicial. Este manejo con mucha habilidad lo había capitalizado Eduardo Romani. Él logró con gran capacidad contacto con los jóvenes abogados y un gran caudal de votos en el Colegio de Abogados, que desde hace años viene manejando Romani", apuntó el abogado penalista.
En ese sentido, Casabella Dávalos continuó enumerando las irregularidades detectadas por la posterior gestión y mencionó que “los fondos declarados en dólares en cajas de seguridad por Romaní, no estaban y, las inversiones en inmuebles que deberían haber generado rentas importantes, presentaban muchas inconsistencias”.
Según lo explicado, la Caja de Abogados es propietaria de un edificio en calle Mitre y Belgrano, y los departamentos del inmueble “estaban ocupados pero a precios muy viles y sin contrato”, además de que “el encargado del edificio cobraba las expensas en sus propia cuenta bancaria”.
Entonces, Dávalos menciona que durante los 20 años de gestión de Romaní, se había formado una especie de “corporación” con el poder judicial, por lo que "él pudo avanzar en el Consejo de la Magistratura y tiene mucho contacto con la justica”, haciendo referencia a las decisiones tomadas por la fiscal de la unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, donde llevaba la causa de López hacia una pronta resolución, omitiendo las investigaciones que debían realizarse para determinar la responsabilidad de otras personas en el robo.
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