Puja

Son intensas las negociaciones previas a la sesión que tratará nuevamente un veto presidencial. Y como ocurriera con los jubilados, los gobernadores vuelven a jugar un papel fundamental en el destino de una ley que, en este caso, asegura financiamiento a las universidades.

La sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados de la Nación tiene carácter especial ya que fue solicitada por tres sectores de la oposición, que presentaron sendos pedidos apenas ingresado el veto de Javier MIlei. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada el pasado 15 de agosto en la Cámara de Diputados con el aporte de todos los bloques de la oposición, que reunieron 143 votos afirmativos, contra 77 negativos y una abstención.  Fue sancionada el 12 de septiembre en la Cámara de Senadores de la Nación, con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. 

Como es su norma, incluso antes de la sanción, el Presidente de la Nación informó su veto, que se produjo el pasado jueves 3 tras una importante marcha que se realizó en todo el territorio nacional en apoyo a la norma. Con asistencia perfecta, el oficialismo debe reunir 86 votos para sostener el veto; para ratificar la ley, se exigen dos tercios de los presentes.

Para lograr estos números es que en estas jornadas hubo diálogos y negociaciones hacia afuera y hacia adentro de los distintos bloques. Las autoridades de las universidades radicadas en cada una de las provincias tuvieron un papel importante en estas gestiones, para lograr que el financiamiento que se dispone para este año se sostenga, porque será la base de la disposición de partidas en 2025. De allí que los gobernadores fueron visitados por rectores y decanos en no pocos casos; en otros, el contacto fue directamente con los legisladores de cada provincia.

Las autoridades de la UNSa convocaron a los representantes de Salta y lograron que de manera personal le comunicaran su compromiso la diputada Pamela Calletti y la senadora Nora Giménez, que votaron a favor de la sanción de la ley. Queda aguardar el momento de la emisión del voto de la diputada, que preside el bloque Innovación Federal, muy apreciado por la gestión libertaria.

Es que los legisladores que responden a los gobernadores vuelven a asumir un papel fundamental porque sus votos están atados a la situación de las provincias. Es la carta que muestran los mandatarios cuando golpean las puertas de los despachos del Ejecutivo nacional para pedir asistencia para su gestión. Es lo que ocurrió en oportunidad del veto a la ley de movilidad jubilatoria, en la que dos de los tres diputados saencistas se abstuvieron mientras que Calletti optó por retirarse ante la imposibilidad de mantener su palabra sobre su voto original. 

Esta vez pareciera que pueda, efectivamente, volcarse la preferencia del mandatario provincial hacia la UNSa y con ello arrastrar el voto de sus diputados. Hasta ahora no se escuchó un apoyo abierto, más allá de lo que expresara en abril pasado respecto de la educación pública. Pero a la palabra favorable de la titular del bloque, que también integran legisladores de Misiones y Río Negro, se sumó la de Pablo Outes, quien comprometió su voto y el de Yolanda Vega, que integró la lista con la que llegó al Congreso, a favor de la insistencia de la ley vetada.

Una universidad que aporte al desarrollo provincial es importante para Salta pero también debe considerarse que el gobierno de Gustavo Sáenz tiene un cúmulo de necesidades que sólo pueden cubrirse con la concurrencia del gobierno nacional. En esa puja se juegan tres de los siete votos salteños y no está dicha la última palabra. 

Salta, 08 de octubre de 2024