Atención

La percepción y confirmación de la expansión de la problemática obliga a no dejar resquicios ni demorar acciones de represión y contención de sus consecuencias.

En el marco de la reunión del Consejo Federal de Seguridad, que sesionará hoy en Mendoza, Salta tomará nota del alcance de las definiciones que se van adoptando en la Mesa de articulación Judicial contra el Narcotráfico, que opera en jurisdicción del Ministerio de Justicia de la Nación. En tanto, el Senado Provincial apurará el tratamiento de un proyecto de ley para declarar a la provincia -por el lapso de dos años- en emergencia sociosanitaria por consumo de sustancias psicoactivas.

Son dos aspectos de un panorama complejo, que tiene otras aristas no menos riesgosas y de una gravedad inusitada, de las que también hubo manifestaciones en este tiempo. Se trata de la vinculación con organizaciones del crimen organizado de estamentos institucionales, como la Justicia y las fuerzas de seguridad.

Una causa por violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional tiene en un Jury de Enjuiciamiento a un juez de Garantías de Orán, quien ya fue detenido.

En ese cúmulo de novedades no ha pasado desapercibida la preocupación por el marcado crecimiento de las adicciones en la población, especialmente en las franjas que coinciden con la etapa de mayor producción de la persona, que son las que van de 18 a 60 años de edad. Ello ha llevado a que por la vía de un estado de excepción se busque la aplicación de medidas y la habilitación de recursos para su ejecución.

El Proyecto de Ley, que se trató este miércoles en un plenario de las comisiones de Salud Pública y Seguridad Social y de Adicción, Tráfico y Consumo Ilícito de Drogas del Senado, declara la emergencia sociosanitaria en materia de consumos problemáticos, facultando al Poder Ejecutivo a firmar convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales, coordinando toda medida que sea conducente a resolver la situación de emergencia, disponiendo las partidas presupuestarias suficientes. Al respecto, incluso a autorizar la toma de empréstitos para financiar las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de centros de atención dedicados a la terapia y recuperación de adictos en todo el territorio provincial.

No es la primera vez que en el ámbito legislativo se trata de definir normas que faciliten el abordaje del aspecto sociosanitario de la cuestión  que, por lejos, supera la posibilidad de las familias de encontrar su resolución e, incluso, expone la limitada capacidad del sistema de salud para absorberlo. En mayo pasado, la comisión de Prevención de Consumos Problemáticos de la Cámara de Diputados dialogó con la Curadora Oficial del Ministerio Público Pupilar de la Provincia, sobre las proyecciones de la situación que produce algún tipo de adicción a las drogas. La funcionaria judicial expuso la dimensión de la cuestión y planteó como indispensable que se trabaje en la efectivización de los recursos disponibles para un abordaje integral del flagelo.

La última Encuesta Nacional de Consumos y Prácticas de Cuidado informa que la gran mayoría de la población considera que en los últimos dos años el consumo de drogas ha aumentado y que va a mantener esa tendencia creciente en los próximos años. Los consultados no observan que el tema esté entre las preocupaciones centrales de los gobiernos.

Estos  movimientos indican que urge, al menos en esta parte del país, tomar el toro por las astas con mayor represión al tráfico y profunda atención para frenar el consumo.

Salta, 03 de octubre de 2024