Ivana Chañi
En diálogo con Aries, Pamela Pérez, representante de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa), confirmó las medidas para resistir el veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. “Nuestro sindicato pertenece a CONADU Histórica y se está evaluando un paro nacional el próximo 2 de octubre, en el marco de la marcha federal en defensa de la educación pública”, explicó la gremialista.
El reclamo central de las universidades es la promulgación de la ley de financiamiento, que ya fue aprobada en el Senado y busca actualizar el presupuesto de las universidades nacionales. “Esta ley destinaría un 85% a salarios y un 15% al resto del financiamiento. Venimos con salarios atrasados desde hace mucho tiempo, no solo con este gobierno, sino con los anteriores”, afirmó Pérez, señalando que los salarios docentes han perdido entre un 55% y un 85% de su poder adquisitivo.
La secretaria adjunta de ADIUNSa también criticó el hecho de que las universidades estén funcionando con un presupuesto congelado de 2023, lo que, afirmó, ha dejado a las instituciones en una situación crítica. “Con tantos meses de inflación, el presupuesto ha quedado muy por debajo de lo que necesitamos para que la universidad funcione como debe”, lamentó. Además, advirtió que esta falta de financiamiento pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a acceder a una educación pública y gratuita de calidad.
La representante de ADIUNSa destacó que el conflicto no solo afecta a los docentes, sino a toda la comunidad universitaria. “Lamentablemente, esta situación nos pone en un estado total de desigualdad. Parece que solo los que tienen poder adquisitivo pueden sostener su estadía en la universidad”, señaló. “El pueblo es un costo fiscal para Milei”, sentenció.
