El que transcurre es un año difícil para la micro, pequeña y mediana empresa y sus referentes se vieron obligados a movilizarse para lograr políticas que las favorezca. En mayo pasado llevaron sus inquietudes a la Cámara de Diputados de la Nación y dieron detalles precisos sobre los problemas que enfrentaba cada rama de la actividad económica. En agosto, los referentes de las entidades que representan a los empresario mipymes se manifestaron frente a la Casa Rosada demandando soluciones y el pasado viernes se sentaron a la Mesa de Diálogo convocada por el Senado de la Nación. En la semana que se inicia hoy, la atención se desplaza nuevamente a la Cámara baja, donde un paquete de proyectos intenta dar respuestas a los planteos realizados desde que la ley de bases fue sancionada sin incluir medidas relevantes a su favor.
En la Argentina, casi el 98% de las empresas son Micro, Pequeñas y Medianas; es el sector que más riqueza aporta y el que más trabajo genera. Sobre este punto cabe destacar que casi el 70% del empleo formal en el país depende de las mipymes, que generan el 67% del valor agregado y el 40% del PBI. Estos datos describen lo que en el país es un instrumento esencial para lograr una redistribución más equitativa del ingreso.
Representantes de la Confederación Federal Pyme Argentina, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, del Comité de Pymes, Emprendedores y Productores y del Movimiento Nacional Pyme ha reclamado la declaración de la emergencia para el sector, atento a que ciertos aspectos de las medidas que se han implementado desde diciembre han impactado de manera negativa, generando recesión, alta inflación, la distribución regresiva de los ingresos, el aumento de insumos y tarifa. Pidieron subsidios y la reposición de programas de fomento que fueron suspendidos, aún aquellos que tenían fondos asegurados de organismos internacionales.
Los cuestionamientos apuntaron al DNU 70, al considerar que perjudica la estructura productiva argentina y beneficia a las empresas extranjeras en detrimento de las nacionales cuando - según un informe del INDEC- 300 de las 500 empresas más grandes de Argentina son multinacionales, lo que torna innecesario legislar más en favor del capital extranjero, como lo hace también la ley de bases. En tanto, las PYMEs enfrentan incertezas y dificultades para operar e invertir.
Este martes se reunirá la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados precisamente para tratar la declaración de la emergencia para el sector y también para comenzar el análisis de un proyecto de creación del Régimen de Inversiones de las Pequeñas y Medianas Empresas, el RIPyME, cuyos objetivos son incentivar las inversiones de empresas mipyme y desarrollar y fortalecer su competitividad y productividad, permitiendo incrementar sus exportaciones de bienes y servicios .
En Salta, hay registradas 12 mil pequeñas y medianas empresas que están radicadas en todo el territorio, aunque un 55% se ubica en la Capital. El 37% de ellas desarrolla la actividad de servicios y un 29% está dedicada al comercio.
Realmente urge atender su situación, considerando la caída de su actividad en todo el país en más del 20,5% en los primeros ocho meses del año, frente al mismo periodo de 2023 y la necesidad de consolidar su participación en la creación de riqueza.
Salta, 09 de setiembre de 2024
