Se conoció durante el fin de semana la caída de ventas minoristas pymes, dando cuenta que la crisis del sector en el país no se revierte. En ambas cámaras del Congreso hay sendos proyectos de ley para declarar la emergencia económica, financiera y tarifaria.
Opinión09/09/2024
El que transcurre es un año difícil para la micro, pequeña y mediana empresa y sus referentes se vieron obligados a movilizarse para lograr políticas que las favorezca. En mayo pasado llevaron sus inquietudes a la Cámara de Diputados de la Nación y dieron detalles precisos sobre los problemas que enfrentaba cada rama de la actividad económica. En agosto, los referentes de las entidades que representan a los empresario mipymes se manifestaron frente a la Casa Rosada demandando soluciones y el pasado viernes se sentaron a la Mesa de Diálogo convocada por el Senado de la Nación. En la semana que se inicia hoy, la atención se desplaza nuevamente a la Cámara baja, donde un paquete de proyectos intenta dar respuestas a los planteos realizados desde que la ley de bases fue sancionada sin incluir medidas relevantes a su favor.
En la Argentina, casi el 98% de las empresas son Micro, Pequeñas y Medianas; es el sector que más riqueza aporta y el que más trabajo genera. Sobre este punto cabe destacar que casi el 70% del empleo formal en el país depende de las mipymes, que generan el 67% del valor agregado y el 40% del PBI. Estos datos describen lo que en el país es un instrumento esencial para lograr una redistribución más equitativa del ingreso.
Representantes de la Confederación Federal Pyme Argentina, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, del Comité de Pymes, Emprendedores y Productores y del Movimiento Nacional Pyme ha reclamado la declaración de la emergencia para el sector, atento a que ciertos aspectos de las medidas que se han implementado desde diciembre han impactado de manera negativa, generando recesión, alta inflación, la distribución regresiva de los ingresos, el aumento de insumos y tarifa. Pidieron subsidios y la reposición de programas de fomento que fueron suspendidos, aún aquellos que tenían fondos asegurados de organismos internacionales.
Los cuestionamientos apuntaron al DNU 70, al considerar que perjudica la estructura productiva argentina y beneficia a las empresas extranjeras en detrimento de las nacionales cuando - según un informe del INDEC- 300 de las 500 empresas más grandes de Argentina son multinacionales, lo que torna innecesario legislar más en favor del capital extranjero, como lo hace también la ley de bases. En tanto, las PYMEs enfrentan incertezas y dificultades para operar e invertir.
Este martes se reunirá la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados precisamente para tratar la declaración de la emergencia para el sector y también para comenzar el análisis de un proyecto de creación del Régimen de Inversiones de las Pequeñas y Medianas Empresas, el RIPyME, cuyos objetivos son incentivar las inversiones de empresas mipyme y desarrollar y fortalecer su competitividad y productividad, permitiendo incrementar sus exportaciones de bienes y servicios .
En Salta, hay registradas 12 mil pequeñas y medianas empresas que están radicadas en todo el territorio, aunque un 55% se ubica en la Capital. El 37% de ellas desarrolla la actividad de servicios y un 29% está dedicada al comercio.
Realmente urge atender su situación, considerando la caída de su actividad en todo el país en más del 20,5% en los primeros ocho meses del año, frente al mismo periodo de 2023 y la necesidad de consolidar su participación en la creación de riqueza.
Salta, 09 de setiembre de 2024
Apenas iniciado un nuevo año, la atención ciudadana se está centrando en la compleja situación económica que anticipa un 2026 difícil. Así se ha reconocido desde la Unión Industrial de Salta, sector que no registra cierre de empresas pero sí pérdidas de puestos de trabajo. También desde la Cámara PYME hay advertencias sobre severas dificultades en el sector.
El gobierno nacional celebró la inflación de 2025, pero es un porcentaje que el resto del mundo no va a aplaudir. Los argentinos pueden entender la satisfacción de una administración que, desde su inicio, se impuso el objetivo de dominar un elemento limitante y pernicioso. Pero no cabe un exceso de entusiasmo.
Se aguarda el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras avanzan las negociaciones sobre el proyecto de reforma laboral. En tanto, se van sumando propuestas para tratar en el período que sólo puede extenderse hasta el último día de febrero, alertando a distintos sectores sobre las problemáticas que abordan.
Si bien la mayor parte de las familias argentinas no saldrá de vacaciones, los centros turísticos del país están visualizando una temporada de verano con mejores perspectivas que las proyectadas. El norte del país informa de una consolidación de la región como destino importante, abandonando definitivamente la creencia que no es atractiva cuando las temperaturas se elevan.
Aunque tiene dictamen de mayoría, no pareciera que la ley de modernización laboral tenga allanado el camino a su sanción. De allí que varios gobernadores aguardan la visita de uno de los negociadores designados por el presidente Javier Milei para ganar voluntades, por ahora insuficientes.
Sin mayor impacto en la atención ciudadana se llevó adelante este miércoles la Reunión Informativa Pública, durante la que comunidades del interior se interiorizaron sobre obras con financiamiento internacional. La sede fue San Antonio de los Cobres y los participantes tomaron nota de un extenso listado de proyectos que con créditos del Banco Mundial y Fonplata se ejecutarán en distintos puntos del territorio provincial.
La Secretaría de Industria y Comercio activó un protocolo de defensa comercial ante la sospecha de que empresas chinas están inundando el mercado argentino con lavarropas a precios inferiores a sus costos de producción.
El Centro Argentino de Meteorólogos lanzó un duro comunicado advirtiendo que la designación de Antonio Mauad al frente del SMN pone en riesgo la calidad de las alertas tempranas y la operatividad estratégica del país.
Martín Ignacio Plaza es el postulante a la Corte de Justicia de Salta. Abogado con más de 30 años de trayectoria, combina carrera académica y gestión pública.
Jorge Martín Diez Villa es postulante a juez de la Corte salteña. Abogado y escribano, con amplia trayectoria en la Justicia, el Ministerio Público y el control institucional.
La iniciativa incluye exploración, evaluación del yacimiento y la construcción de una planta de tratamiento en Gualcamayo