En el marco del debate legislativo sobre la limitación de las actualizaciones tarifarias en Salta, Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, destacó la importancia de esta medida, que ya tiene media sanción del Senado, para proteger a los usuarios.
La iniciativa busca implementar un tope en las tarifas de servicios como el agua y la energía eléctrica, vinculándolas al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
"El bolsillo de los usuarios no está en condiciones de afrontar pagos que en muchos casos resultan abruptos," señaló Saravia. Actualmente, la tarifa del agua se mantiene con valores de marzo, mientras que la energía eléctrica se encuentra con precios de abril, a pesar de los incrementos recientes del 3,6% y 11%, respectivamente.
Saravia también recordó que el marco regulatorio vigente se estableció en 1996 durante el gobierno de Juan Carlos Romero, en un contexto donde la privatización se veía como una solución ideal, “una panacea”, según describió.
"Este contrato de concesión que rige desde hace 27 años es producto de una política económica liberal de Menem que ya no corresponde a la realidad actual de los salteños," sostuvo.
“Esas eran las garantías que los gobiernos daban antes a las empresas de servicios para que vengan a concesionar y queremos reducir este beneficio muy caro que se daba”, añadió.
El proyecto en discusión propone que los aumentos tarifarios no superen el 22,5% mensual, buscando un equilibrio entre la viabilidad económica de las empresas y la capacidad de pago de los usuarios. "Es un tope razonable considerando la situación económica actual, aunque no debemos olvidar que las empresas también necesitan sustentarse," concluyó.
