Ivana Chañi
Argentina puede dar un salto de calidad en las inversiones mineras con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), propuesto por la administración libertaria. Se trata de una serie de beneficios impositivos para promover proyectos estratégicos para el país.
Celebrado por las mineras, entre otros sectores de la economía, el proyecto encontró su freno en las Cámaras legislativas, y con el fin de lograr la sanción de la Ley Bases, el Gobierno nacional cedió a algunas modificaciones como llevar las regalías del 3% al 5%, algo que ha sido fuertemente rechazado por el sector.
En Pasaron Cosas con la conducción de Fedra Aimetta, el presidente de Recursos Energéticos y Mineros de Salta S.A (REMSa), Alberto Castillo, habló del tema y aseguró que es política del gobernador Gustavo Sáenz “no cambiar las reglas de juego” a los proyectos que están en producción o en vía de producción.
“Lo que tienen que entender, especialmente los legisladores nacionales y el Poder Ejecutivo Nacional, que la Provincia de Salta es defensora de las reglas claras”, manifestó Castillo. A su vez, advirtió que la inseguridad jurídica lo único que provocará es alejar las inversiones.
“Hay mucha falta de conocimiento de los legisladores”, disparó. “Tenemos que tener lo que se llama en minería certidumbre”, advirtió.
Y si bien el titular de REMSa admitió que es competencia del Congreso de la Nación cambiar la alícuota de las regalías, tranquilizó al sector que apostó por Salta.
“No se van a cambiar las reglas de juego a los proyectos que están en producción o en vía de producción en la provincia de Salta. Es una bandera del Gobernador la seguridad jurídica”, sentenció.
