El propósito fue expresar la adhesión al Pacto de Güemes pero también, convocar al acompañamiento al Gobernador, que con este acuerdo pretende reforzar su gestión ante un gobierno central que no está dando respuestas a sus demandas.
Quienes se manifestaron en esa línea pusieron de relieve la discriminación de la que son objeto las provincias en general y lo que llamaron el interior más profundo, en particular. Es así que repitieron la exhortación a la defensa del federalismo, que consideraron avasallado por la gestión de La Libertad Avanza, pero dejando entrever que también se repite dentro del mismo territorio provincial.
Todas las afirmaciones tienen su debido fundamento. Las exposiciones hicieron hincapié en el impacto de la decisión del Ejecutivo nacional de suspender el financiamiento de las obras públicas mientras se auditan los procesos que las pusieron en marcha. Además, ha dispuesto elaborar una lista de prioridades que compatibilice la necesidad de una infraestructura que demanda la actividad económica y la preservación de un equilibrio fiscal, que hasta ahora se está consiguiendo con el incumplimiento de sus propias obligaciones.
En ese orden, las gestiones del gobierno provincial apuntan a lograr que determinadas obras ingresen en esa lista de prioridades. El propio ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, se expresó optimista en que se incluya la ampliación de la Planta Depuradora Sur, teniendo en cuenta que tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y retirará su aporte si no se reactivan los trabajos. Para tomar dimensión de su importancia debe considerarse que si tal ampliación no prospera, no podrán otorgarse nuevas factibilidades y una población de 800 mil habitantes del área metropolitana vería afectado su acceso a un servicio esencial como es el de cloacas.
En el interior, la conectividad vial también tiene ribetes dramáticos desde el punto de vista de sus posibilidades de crecimiento económico. Precisamente la Puna, que observa cómo decayó el trabajo de construcción de tramos de la ruta nacional 51, de salida de la producción minera a los puertos de Chile, es la que está reclamando que se reactiven tales obras que son de jurisdicción de Obras Públicas de la Nación. Desde el sur y el este de la Provincia también se reclama el mejoramiento de los medios de salida a los mercados de la producción agrícola.
A doce obras viales imprescindibles, se suman 23 obras hídricas y 6 de infraestructura educativa, además de la construcción de viviendas. Sin posibilidades de ser financiadas con recursos propios, su proyección en el corto plazo es que se conviertan en monumentos a la ineficiencia y a la improvisación con la que se gobiernan la Nación, las Provincias y los Municipios.
En el listado de demandas expuesto en el Senado no entraron acciones que pueden considerarse menores por su escasa exigencia de recursos. Sin embargo, su impacto social es inconmensurable. Se conoció que la Copa de Leche no llega -ni lo hará- a escuelas del interior ni a ningún colegio secundario salteño.La fuerte demanda de ese servicio solo se cubre en todas las primarias y niveles iniciales de la Capital, según reconoció la funcionaria responsable.
Esta decisión se puede equiparar a lo que 18 de los 23 intendentes de capitales provinciales denunciaron respecto del subsidio al transporte, que sólo se aplica en el AMBA para evitar un estallido en las puertas de la Casa Rosada. El federalismo sucumbe cuando la opción es preservar la imagen de gobiernos que no resolvieron aún los problemas de la gente, ese oscuro colectivo que solo se ilumina en tiempos electorales.
Salta, 24 de mayo de 2024
