Horas antes de que cayera la viga vertebral del proyecto político del gobierno nacional, los ministros del gabinete salteño repasaron la situación provincial, proyectaron el impacto negativo de la retracción de recursos y empezaron a fijar prioridades en un marco poco alentador.
Opinión07/02/2024
La referencia, a esta altura de los acontecimientos, explica la presión de los gobernadores sobre los diputados nacionales.
Luego que la Cámara de Diputados a instancias del bloque oficialista volviera a comisión el proyecto de Ley Base -colocándola en una vía muerta-, la figura de mandatarios provinciales emergió como la de los responsables de frustrar las pretensiones del Ejecutivo Nacional. Algunos gobernadores incluso fueron marcados como verdaderos obstructores de acuerdos que ya se habían alcanzado, entre ellos el de Salta Gustavo Sáenz.
Un rápido repaso de lo que viene sucediendo desde que a fines de diciembre pasado se convocara a sesiones extraordinarias para tratar una desmesurada iniciativa, da cuenta que la Cámara de Diputados expresó una amplia voluntad de negociación, imprescindible para un gobierno en posición minoritaria en el cuerpo. Una prueba de ello es que el proyecto logró aprobación en general, aunque advirtiendo desde los sectores que acompañaron a La Libertad Avanza, que se harían ajustes a través de la votación en particular. Fue en ese punto que se interrumpió el avance del tratamiento de la norma y nuevamente la incertidumbre se instaló en el ánimo social.
A través de las redes sociales y en declaraciones periodísticas, los diputados nacionales por Salta explicaron su posición, que en el caso de los legisladores que responden al gobernador Sáenz fue negativo frente a algunas pretensiones del gobierno de Javier Milei que -y solo para citar un ejemplo- anulaban fondos fiduciarios que asisten a los gobiernos provinciales en emergencias fiscales o ante la necesidad de financiamiento de obras públicas.
En un posteo en sus redes sociales el diputado Pablo Outes aseguró que el Presidente no escuchó a las provincias. La vuelta a foja cero del proyecto fue "por falta diálogo", aseguró. Su par Yolanda Vega explicó que “más allá de la buena voluntad, hubo que priorizar los intereses de las provincias”. El diputado de la Libertad Avanza, Carlos Zapata adelantó que el Presidente gobernará con el Decreto de Necesidad y Urgencia, que la Justicia va desguazando. Reconoció que el reclamo de mayores fondos para las provincias estuvo detrás de este fracaso.
Frente a este panorama, el gabinete provincial, que este martes se reunió bajo la conducción del ministro coordinador Sergio Camacho, había fijado como prioridad atender el impacto que generan los recortes que sigue sufriendo la Provincia por parte de Nación por la suspensión de transferencias para programas sociales vinculados con la salud, educación, la atención de niños, adolescentes y familias y seguridad alimentaria. Enero fue un mes muy duro y tras el curso que tomaron los acontecimientos, de inmediato no hay mayores expectativas.
Pero nada está cerrado; queda en pie la necesidad de negociar y así debe comprenderse.
Salta, 07 de febrero de 2024
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.