Intereses

El Gobierno provincial bajó precisas instrucciones a diputados afines y en la misma línea se pronunciaron sectores productivos que reconocen el impacto negativo que la propuesta libertaria tendría en su desarrollo.

En esta semana, la defensa de esos intereses fue llevada adelante por distintas instituciones de carácter nacional, regional y sectorial, en el marco del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que desde el pasado lunes está escuchando a sus voceros. Puntualmente, la aplicación de retenciones a las exportaciones en un nivel general del 15% es uno de los temas que generó la concurrencia de opiniones contrarias a lo que plantea el proyecto de ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de la Argentina.

Tal cuestión fue analizada en una reunión impulsada por la cartera de la Producción del Gobierno provincial, a la que fueron convocados referentes de la Unión Industrial y diputados nacionales. El ministro Martín de los Ríos presentó un documento con las consideraciones sobre el impacto que tendrían en las diferentes cadenas de valor de la producción local, de sancionarse la norma. Las  retenciones a economías regionales como la chía, cártamo, sésamo, tabaco, limón y vino y a la industria en general, las afectará sensiblemente, resintiendo la economía salteña. También tendrá efecto negativo la derogación de la Ley de Carnes, las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y a la de Biocombustibles.

Se ponderaron los perjuicios en orden a que la recaudación por impuestos a las exportaciones que obtendrá el tesoro nacional será insignificante pero golpeará severamente a economía regionales que han comenzado a insertarse en el mercado internacional. El documento presentado por el Ministerio de la Producción precisa que tal recaudación no supera los 500 mil dólares anuales y evalúa daños económicos que se producirán por sacar de competencia a especialidades como chía, cártamo, entre otras, que son producciones sustentables y, a la vez, cerrará fuentes de trabajo en los pueblos del interior, con el grave impacto social que ello genera. Desde el sector privado, en tanto, se alertó que tales disposiciones desalientan inversiones en todas las líneas de la actividad económica, frustrando los esfuerzos de desarrollo industrial.

Estos planteos se están exteriorizando en el Congreso, hasta donde llegó la voz de los productores tabacaleros. Representantes de Salta y Jujuy cuestionaron el proyecto, del que rescataron algunos aspectos positivos, pero advirtieron que no atiende a la corrección de situaciones actuales que son consecuencia de la falta de control. Denunciaron la pérdida de recaudaciones de impuestos internos por no menos de 45 millones de dólares, por la competencia desleal de industrias pequeñas que han copado el 50% del mercado de cigarrillos.

Más allá del destino del proyecto de ley que desvela al presidente Javier Milei, su tratamiento está exponiendo una realidad que habitualmente pasa desapercibida pero que tiene aspectos que deben corregirse y con urgencia.

Salta, 17 de enero de 2024