Margen

Desde este martes está en marcha el período extraordinario de sesiones del Congreso, que ha sido convocado por un gobierno que requiere de un importante número de leyes a fin de arrancar un proceso que anticipó que será difícil para todos. Las primeras señales que ha lanzado confirman ese vaticinio. En el Boletín Oficial nacional publica en su edición de la fecha el Decreto 76, por el que convoca al Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias hasta el 31 de enero de 2024, con un nutrido listado de asuntos a tratar. 

Abre la nómina el Proyecto de Ley de reforma de las funciones del Estado, que los anticipos indican que será profunda. Así lo marcó el  asesor presidencial Federico Sturzenegger, quien aludió a su amplitud luego de haber trabajado durante este año -que fue electoral en buena parte de su transcurso- en la situación institucional, para formular un diseño que convierta al Estado en un aparato eficiente. Este economista, que se erigió como la figura inspiradora de las principales medidas que se van conociendo, señaló que las iniciativas que tendrán trámite parlamentario son más sustanciosas que las definidas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia que mantiene movilizados a casi todos los sectores sociales.

Que el trabajo en Diputados y el Senado de la Nación, si es que efectivamente se lleva adelante, no dará tregua se debe a que también es consecuencia de la urgencia que marca la crisis social y económica que afecta a toda la sociedad pero acorrala a los gobiernos de todos los niveles. En ese contexto se inscribe el Proyecto de Ley de Impuestos a Ingresos Personales, vinculado a las modificaciones al impuesto a las Ganancias, que fue la apuesta más fuerte que el gobierno anterior realizó para ganar una elección, que le fue esquiva. De esa jugada quedó el desfinanciamiento de las cajas provinciales y municipales porque no fue una decisión equilibrada; usó una legítima demanda de excluir del pago de esa carga a los trabajadores con salarios brutos en torno a los 2 millones pero no se previó el reemplazo de un ingreso importante para la bolsa coparticipable. En este asunto se sumará una puja de carácter político ya que tanto los Ejecutivos provinciales y el Nacional tienen la misma necesidad de mantener ingresos fiscales pero nadie quiere pagar el costo que significa volver a tomarlos del bolsillo de empleados que ganan desde no más de un millón de pesos.

La incertidumbre respecto de estas cuestiones urgentes no se condice con otra iniciativa importante pero que parece inoportuna en este momento en que la seguridad jurídica de la Nación es puesta en tela de juicio, a partir de la derogación de alrededor de 300 normas, muchas de ellas originadas en dictaduras militares. Decidir el establecimiento de la Boleta Única de Papel, que empezará a tratarse en el Senado, es llamativo en el mejor de los casos.

En la Legislatura provincial ya se abrió un debate que también es institucional y se abre con la prórroga del presupuesto de 2023. En el fondo aparece la debilidad del federalismo fiscal; lo que la Constitución faculta, la limitación de recursos amenaza convertir a esas atribuciones en letra muerta, consolidando la dependencia que se ha naturalizado.

Son momentos históricos y el margen de error en la toma de decisiones es estrecho. No caben ya los relatos.

Salta, 26 de diciembre de 2023