
La medida surge a raíz de un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que pone el foco sobre la facultad del Estado de querellar en causas de lavado de capitales.
La senadora nacional MC sostuvo que, el caso de Santos Clemente Vera, es una oportunidad para “armar una mesa de trabajo y ver cuáles son las modificaciones que se deben hacer a nuestro sistema legal que –en este caso- se alejó de la justicia y de la ley”.
Judiciales12/12/2023Finalmente, ayer lunes 11 de diciembre y a más de diez años de estar privado de la libertad, Santos Clemente Vera cruzó las puertas del penal de Villa Las Rosas y recuperó su libertad, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) revelando irregularidades en el fallo condenatorio de la Sala III del Tribunal de Impugnación de los jueces Luciano Martini y Rubén Arias Nallar, en 2016 –posteriormente a la absolución, en 2014, del Tribunal de Juicio.
“Esto es un gran paso el de recuperar la libertad, no lo vamos a negar, pero todavía no está cerrado el caso para Santos Clemente Vera”, manifestó, en diálogo con Aries, la senadora nacional mandato cumplido, abogada y autora del libro “Víctimas de la Justicia Patriarcal”, Sonia Margarita Escudero, quien ponderó el fallo de la CSJN al revocar la condena a perpetua por el crimen de las turistas francesas ocurrido en 2011, en San Lorenzo.
Ahora bien, Escudero advirtió que “la injusticia continúa” ya que Vera deberá someterse a un nuevo juicio.
La letrada indicó que, pese a haber tardado la Corte en resolver el Recurso de Queja de la defensa de Vera a cargo del abogado José Humberto Vargas, el máximo tribunal (en una resolución correcta) “ha tomado no solo todos los agravios que había planteado la defensa, sino la violación de la norma de Procedimiento”. “Es decir, dijo –claramente- que los jueces que lo condenaron, Luciano Martini y Rubén Arias Nallar, actuaron sin jurisdicción ni competencia”.
“Estos jueces que lo condenaron no tenían potestades para condenar en su situación de jueces de Impugnación, de Casación. Si había que revocar una absolución, ellos no podían condenar sino que tenían que hacer un reenvío, es decir, enviar a otro tribunal de juicio para que hiciera un nuevo juicio”, detalló.
En sintonía, expuso que “violaron la ley porque los jueces actuaron fuera de su competencia y al hacerlo avasallaron las garantías constitucionales del debido proceso legal y de defensa en juicio de Santos Clemente Vera”.
Escudero a instancias del asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier (29) y Houria Moumni (24) en Salta en el año 2011, escribió el libro “Víctimas de la Justicia Patriarcal”, y en el mismo sostuvo que “seguir escondiendo debajo de la alfombra los problemas del Poder Judicial de Salta, es un error”. Para Escudero, el caso es emblemático opinando que es tiempo de trabajar para que “esto no suceda nunca más”.
La senadora nacional (MC) recordó que en 2016, cuando en segunda instancia lo condenan a perpetua a Vera, el juez Martini tenía dos años y Arias Nallar cuatro meses de trayectoria en el cargo –aclarando que la falta de experiencia no los exime de responsabilidad- indicó que por ese entonces, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, “había un contexto de fuerte presión política sobre los jueces”, y fue el caso de las turistas francesas en donde se vio –claramente- “la mano de la presión política en la investigación”, dijo.
“Uno no se explica que los policías que investigaban torturaron a los lugareños para que se hicieran cargo del crimen; plantaron pruebas para incriminar a perejiles y lo que es gravísimo, también, es que el juez de Instrucción -Martín Pérez- haya perdido los hisopados que tomó la Dra. Vega en la audiencia que, son los rastros biológicos de lo que había en los cuerpos de las víctimas para poder hacer el análisis genético, y la defensa de Vera no haya podido hacer la contraprueba”, ejemplificó.
Siguiendo la misma línea, Escudero, reforzó su planteo, de la intromisión de la política en el caso, señalando que el juez Pérez fue ascendido y los policías acusados de torturas, también.
“Pasó durante el gobierno de Urtubey todo esto, pero hay otro gobierno y la misma mano de obra sigue”, gatilló.
La senadora nacional (MC) Sonia Margarita Escudero, además, de advertir las irregularidades en la condena de Santos Clemente Vera, consideró que, los últimos acontecimientos con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la posterior liberación, “son una oportunidad para armar una mesa de trabajo y ver cuáles son las modificaciones que hay que hacer en nuestro sistema legal que, en este caso, se alejó completamente de la justicia y de la ley”, expresó.
Insistiendo que lo ocurrido fue gravísimo, apeló a analizar cuáles son las reformas institucionales que hay que hacer. Para ello, opinó que la mesa de trabajo debe estar conformada por el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Estado y organizaciones de la sociedad civil.
“Son las que saben por dónde pasan los defectos y los problemas de los justiciables”, destacó, señalando que, hacer las modificaciones acercará la justicia a la ciudadanía. “Es importante que podamos volver a confiar en la justicia”, agregó.
Finalmente, entre los cambios en el sistema de justicia, Sonia Margarita Escudero apuntó a la policía, advirtiendo que, “investigando y dependiendo del poder político es una injerencia, sin lugar a dudas, en el ámbito de la justicia”, sentenció.
La medida surge a raíz de un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que pone el foco sobre la facultad del Estado de querellar en causas de lavado de capitales.
“Ella no lo quiere preso, no quiere venganza, quiere el bienestar de Francisco, que es el centro de su vida”, sostuvo Mariana Gallego.
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Tomó la decisión el Tribunal Penal N° 1 de Posadas; para su hermano Sebastián, la pena fue de 12 años. Los fundamentos serán leídos dentro de 10 días hábiles.
La excoordinadora y cinco exoperadoras del dispositivo de protección “Casita feliz” fueron condenadas e inhabilitadas para ejercer la función pública por resultar coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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