A poco más de 10 días del inicio de un nuevo mandato, el gobernador Gustavo Sáenz tiene abierta una apretada agenda de actividades para la resolución de cuestiones condicionantes para el tiempo por venir. Tiene obligaciones de pagos inmediatas que van a impactar significativamente en las cuentas del Estado.
Opinión27/11/2023
El mandatario tiene previsto reunirse mañana con gobernadores de todo el país, para ir acordando gestiones vinculadas a la coparticipación y al cumplimiento de contratos de obras en ejecución o en proceso de iniciación. A la vista, tiene obligaciones de peso como el pago del primer vencimiento de 32 millones dólares del Fondo Bicentenario de un crédito internacional que fuera reestructurado en febrero de 2021, que debe pagarse en la moneda estadounidense. Al mismo tiempo debe enfrentar obligaciones salariales de fin de año, como es el aguinaldo de la administración pública. Todos los voceros del gobierno aseguraron que no hay problemas para abonarlo; sin embargo, en declaraciones periodísticas a un diario local, el Gobernador ratificó que la previsión es cumplir en tiempo y forma, pero que ”todo depende de la remisión de fondos de Nación”.
La referencia se vincula a las dificultades que están enfrentando todos los gobiernos provinciales por la eliminación de impuestos coparticipables, como es el caso de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y por el impacto del programa Compra sin IVA. Por el primero, Salta deja de percibir entre 4.000 y 4.200 millones por mes. Precisamente se trata de acordar gestiones para lograr la compensación con un porcentaje del impuesto al Cheque y un porcentaje del impuesto País. Esa es la discusión que se va a plantear en estos próximos días y, seguramente, se llevará adelante con el nominado Ministro del Interior. El titular del Ejecutivo provincial sabe que viene un tiempo muy complejo y de allí que, tal como le señaló a Aries, está abriendo una etapa de diálogo y trabajo conjunto para evitar que este tramo de dificultades genere una crisis social y política.
En el plano netamente local, la dificultad se centra en un presupuesto que se agota y el del próximo año no puede siquiera diseñarse ante la falta de definiciones del presupuesto nacional. Se desconocen los parámetros dentro de los cuales se van a tomar las previsiones de gastos e ingresos pero también cuáles son las prioridades y las metas que tendrá el próximo Gobierno en ese presupuesto.
En esa definición también jugará de manera condicionante un Congreso que se ha renovado parcialmente y que en estos días ejecutará su nueva composición. Allí hay otro frente de negociación que deberá encarar el gobernador Sáenz, que si bien siempre ponderó la autonomía de los legisladores nacionales, sabe que debe ponerlos en antecedentes de cuáles son los requerimientos de la Provincia a la hora del reparto de partidas nacionales. Públicamente ha señalado que su expectativa se centra en que diputados y senadores no sirvan a las pretensiones de las estructuras partidarias nacionales sino que ajusten sus decisiones a los intereses del Estado y del pueblo que representan.
En ese orden, la obra pública y la distribución de subsidios deben ser el centro del debate parlamentario. Diputados y senadores nacionales debieran, a juicio del Gobierno Provincial, defender las obras de infraestructura en marcha y asegurar un esquema tarifario que no impacte negativamente en presupuestos familiares pero especialmente de empresas que utilicen servicios esenciales para el desarrollo de sus emprendimientos.
Hay un nuevo mapa político que obliga a revisar vínculos y posturas para que esta nueva etapa no sea un fracaso. La expectativa debe ser consecuente con la expresión esperanzada de la voluntad popular.
Salta, 27 de noviembre de 2023
Apenas iniciado un nuevo año, la atención ciudadana se está centrando en la compleja situación económica que anticipa un 2026 difícil. Así se ha reconocido desde la Unión Industrial de Salta, sector que no registra cierre de empresas pero sí pérdidas de puestos de trabajo. También desde la Cámara PYME hay advertencias sobre severas dificultades en el sector.
El gobierno nacional celebró la inflación de 2025, pero es un porcentaje que el resto del mundo no va a aplaudir. Los argentinos pueden entender la satisfacción de una administración que, desde su inicio, se impuso el objetivo de dominar un elemento limitante y pernicioso. Pero no cabe un exceso de entusiasmo.
Se aguarda el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras avanzan las negociaciones sobre el proyecto de reforma laboral. En tanto, se van sumando propuestas para tratar en el período que sólo puede extenderse hasta el último día de febrero, alertando a distintos sectores sobre las problemáticas que abordan.
Si bien la mayor parte de las familias argentinas no saldrá de vacaciones, los centros turísticos del país están visualizando una temporada de verano con mejores perspectivas que las proyectadas. El norte del país informa de una consolidación de la región como destino importante, abandonando definitivamente la creencia que no es atractiva cuando las temperaturas se elevan.
Aunque tiene dictamen de mayoría, no pareciera que la ley de modernización laboral tenga allanado el camino a su sanción. De allí que varios gobernadores aguardan la visita de uno de los negociadores designados por el presidente Javier Milei para ganar voluntades, por ahora insuficientes.
Sin mayor impacto en la atención ciudadana se llevó adelante este miércoles la Reunión Informativa Pública, durante la que comunidades del interior se interiorizaron sobre obras con financiamiento internacional. La sede fue San Antonio de los Cobres y los participantes tomaron nota de un extenso listado de proyectos que con créditos del Banco Mundial y Fonplata se ejecutarán en distintos puntos del territorio provincial.
La Secretaría de Industria y Comercio activó un protocolo de defensa comercial ante la sospecha de que empresas chinas están inundando el mercado argentino con lavarropas a precios inferiores a sus costos de producción.
El Centro Argentino de Meteorólogos lanzó un duro comunicado advirtiendo que la designación de Antonio Mauad al frente del SMN pone en riesgo la calidad de las alertas tempranas y la operatividad estratégica del país.
Martín Ignacio Plaza es el postulante a la Corte de Justicia de Salta. Abogado con más de 30 años de trayectoria, combina carrera académica y gestión pública.
Jorge Martín Diez Villa es postulante a juez de la Corte salteña. Abogado y escribano, con amplia trayectoria en la Justicia, el Ministerio Público y el control institucional.
La iniciativa incluye exploración, evaluación del yacimiento y la construcción de una planta de tratamiento en Gualcamayo