Avance

La iniciativa la Cámara baja no solo dispone la adhesión a la Ley 27.669, sino que también establece herramientas financieras para facilitar inversiones y prevé la conformación de un comité de especialistas que participe en el estudio de los proyectos y otorgamiento de las licencias. Se trata de un nuevo paso en un camino que se trazó en la década pasada pero que tuvo que vencer los reparos que la producción del cannabis genera para llegar a esta instancia, en que aparece como una nueva industria expectante a nivel mundial. 

Tras una fuerte presión de especialistas y usuarios de sus derivados es que se logró que en marzo de 2017 se sancionara la ley que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. Entre otras disposiciones, creó un Programa Nacional que se puso bajo la órbita del Ministerio de Salud. Más de tres años después, la Provincia adhirió a esa norma que permitió la extensión de licencias para el cultivo en pequeñas dimensiones para uso particular.

Los resultados de las investigaciones científicas llevaron a que se incentive el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. La proyección de las expectativas que genera esta actividad, hace prever que para el 2025 se habrán creado 10.000 puestos de trabajo más en todo el país, además de generar exportaciones por cerca de 50 millones de dólares.

La estimación deriva de la aplicación de otra ley –la 27669- sancionada por el Congreso en mayo de 2022, cuya adhesión es la que tiene trámite parlamentario en desarrollo en la Legislatura Provincial. Se ha destacado que los cambios establecidos por esta ley  generan el hecho fundacional de crear un marco jurídico e institucional específico, apropiado y actualizado para regular la naciente industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal. El propósito es impulsar el desarrollo de capacidades productivas, promover el impulso de las economías regionales, coadyuvar a la reconversión de actividades agrícolas existentes, sustituir importaciones y propender a la generación de empleos de calidad en el desarrollo del sector.

En ese marco hay dos organismos de trascendental importancia. Se trata de la Agencia Regulatoria, cuya función es regular toda la actividad económica de la cadena productiva: importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas de las plantas y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales. El otro es el Consejo Federal, que integran representantes de todas las provincias, responsable de otorgar las licencias  para la producción del cannabis y del control de las variedades géneticas. En agosto pasado tuvo lugar su primera reunión y el Ministro de la Producción, que representó a Salta en ese encuentro, dio cuenta que se acordó estudiar la demanda medicinal, a fin de lograr un equilibrio con la oferta. También se trató la armonización con las licencias que ya tienen algunos proyectos, desarrollados al amparo de la ley que regula la investigación médica. 

Según los fundamentos del proyecto tratado este martes, el área tabacalera de Salta observa con atención este avance ya que hay inversores que la consideran propicia para una producción con fines industriales, especialmente teniendo en cuenta que el cáñamo tiene amplias aplicaciones como la producción de textiles y materiales de construcción.

Ya es tiempo que se planteen propuestas que apunten a resolver situaciones sociales negativas que son estructurales y demandan la atención y dedicación de los gobernantes. Hay que habilitar herramientas para promover la participación privada y cerrar un círculo virtuoso para trazar la senda de desarrollo.

Salta, 01 de noviembre de 2023