El candidato a senador de La Libertad Avanza, aseguró que se debe implementar un modelo económico con menor presencia estatal y criticó la gestión actual de los recursos públicos.
Política07/05/2025
Agustina Tolaba
En Agenda Abierta, el candidato a senador provincial de La Libertad Avanza Roque Cornejo, propuso replicar en Salta las políticas de ajuste fiscal que está llevando adelante el gobierno nacional. Así, el dirigente sostuvo que busca implementar un recorte del 30% en el gasto público provincial, al igual que el aplicado por Javier Milei a nivel nacional.
“Las políticas que está llevando adelante Milei las vamos a traer a Salta. El ajuste del 30% sobre el gasto público es necesario porque Salta es la cuarta provincia con más presión tributaria del país. Producir, contratar o innovar cuesta un 40% más que en otras jurisdicciones”, señaló Cornejo.
El candidato también adelantó que impulsará un proyecto de ley que ya cuenta con estado parlamentario y que incluye la venta de bienes y sociedades del Estado salteño. “Los salteños ponen plata en un colador. Vamos a vender bienes que generan déficit”, sostuvo, citando como ejemplo el Estadio Padre Ernesto Martearena. Propuso que su administración pase a manos privadas o clubes de fútbol, y que los fondos recaudados se destinen a mejorar la seguridad provincial.
En ese sentido, denunció la crítica situación de las fuerzas de seguridad en Salta. “Los policías se compran sus propias balas, uniformes y pagan de su bolsillo los cursos de tiro y entrenamiento físico. Es inaceptable”, criticó.
Cornejo también cuestionó el uso de bienes públicos como el Teleférico, el Centro de Convenciones, el Estadio Delmi y el Autódromo, asegurando que “se utilizan para hacer política y beneficiar a los amigos del poder”.
Asimismo, apuntó contra la empresa de transporte público Saeta, a la que calificó como un “monopolio ineficiente”, y aseguró que los salteños están pagando 96 millones de pesos por una empresa que en 2023 tuvo pérdidas por 750 millones. “¿Por qué nadie se preocupa? Porque está manejada por los amigos de los políticos”, cuestionó.
Por último, propuso disolver el contrato con Edesa, la empresa distribuidora de energía eléctrica en la provincia, y abrir una licitación internacional para que “presten el servicio empresas que realmente garanticen calidad y eficiencia”.
La periodista salteña, que fue víctima de la represión en el Congreso, contó su experiencia y advirtió la escalada de violencia de las fuerzas de seguridad contra jubilados, periodistas y fotógrafos.
El Senador por Los Andes advirtió que, a pesar de la cantidad de proyectos en ejecución, las mejoras económicas no llegan. “En San Antonio de los Cobres vemos pasar los camiones”, aseguró.
El Senado salteño dio sanción definitiva al proyecto de ley que agrava las sanciones a propietarios de animales que sean encontrados sueltos en rutas y caminos de toda la provincia.
El presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, explicó que el Poder Judicial debería ponerle un freno al insólito decreto del gobierno libertario.
La líder del PJ lo comunicó este jueves en sus redes sociales.
El jefe de Estado luego viajará a Israel. Dará también un discurso ante el Parlamento y firmará un Memorándum de Entendimiento para combatir el terrorismo.
La denuncia presentada por violencia institucional de género, amenazas y coacción, y que reveló un polémico manejo de $90 millones, contra el Presidente de la Agencia Salta Deportes ya tiene un fiscal a cargo y se esperan medidas.
La entidad presentó su Memoria Anual 2024 con un balance que combina crecimiento financiero, transformación digital, compromiso ambiental y aporte social.
El Ejecutivo Provincial envió el proyecto de ley para su tratamiento en las Cámaras legislativas.
El secretario de la ADP expresó su “más enérgico repudio” al proyecto del Gobierno provincial para excluir a los jubilados de la cobertura del IPS. Acusó al oficialismo de encubrir “negociados con clínicas” y adelantó que convocará a un frente gremial.
Julia Toyos aseguró que la iniciativa “es una locura”, “discriminatoria por vejez” y “vulnera derechos constitucionales fundamentales como el acceso a la salud”.
