Emergencias

Con plazo constitucional vencido, debe girarse el presupuesto provincial 2024, sin cuya aprobación no hay cierre del ciclo anual. También se esperan sendas iniciativas de prórroga de la emergencia económica y de la sociosanitaria de tres departamentos del norte de la Provincia.

El proyecto de ley de presupuesto general debe remitirse antes del 31 de agosto de cada año, según el Artículo 127 de la Constitución Provincial, pero la costumbre está imponiendo que se aguarde el tratamiento del nacional, que si bien ingresó en tiempo y forma al Congreso el 15 de setiembre pasado, su tratamiento comenzará este miércoles. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación realizará una reunión informativa para  analizar la separata enviada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de Presupuesto, donde consta una serie de beneficios impositivos y fiscales que podrían ser eliminados para contribuir a lograr el superávit fiscal. Seguramente no habrá mayores avances hasta después del balotaje y, obviamente, esta demora repercutirá en el orden local, aunque ya se conocen los principales parámetros para su armado.

Previamente, la Legislatura recibirá el proyecto de ley mediante el cual se prorroga, desde su vencimiento –que operará en noviembre próximo- y por el plazo de seis meses, la declaración de estado de emergencia socio-sanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, dispuesta por Ley N° 8185, sancionada el 29 de enero de 2020, a poco que asumiera su primer mandato el reelecto gobernador Gustavo Sáenz. Fue motivada por la muerte por desnutrición de niños originarios y desde entonces ha venido extendiéndose manteniendo el objetivo de mitigar la crítica situación que atraviesa la población en dichos departamentos del norte de la provincia, en particular, de aquéllos sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Pese a que se estuvieron aplicando numerosas medidas tendientes a mejorar la situación que atraviesa la región, no se han superado problemas que exigen fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas, para generar adecuadas condiciones de vida.

Durante el último debate legislativo, desde la oposición se hizo notar la necesidad de mostrar los avances logrados con el estado de excepcionalidad que, entre otros beneficios, permite contar con recursos para acelerar obras o programas de asistencia. Cabe señalar que se ha integrado una Mesa Interministerial que coordina la tarea y monitorea la ejecución de inversiones para extender servicios esenciales, como el agua, prestaciones de salud y comunicación, pese a lo cual se espera, en principio, la extensión de esta emergencia.

Y después de más tres décadas también se da por seguro que se imponga una prórroga de la Emergencia Económica y Administrativa, dispuesta inicialmente en 1.990, cuando la provincia era gobernada por el peronista Hernán Cornejo. Son dos leyes las que se prorrogan, la 6583 y la 7.913, de adhesión a una nacional de la misma naturaleza. Las razones se asientan en la necesidad de sostener “el normal funcionamiento de las finanzas de la provincia, cubriendo las necesidades ocasionadas por la emergencia económica nacional y el cumplimiento impostergable de las obligaciones que requieren mayor atención”.

Con fundamentos similares sostuvieron la emergencia económica los gobernadores Ulloa, Romero, Urtubey y Sáenz, aún en años de crecimiento como el 2003. En 2022, en la Cámara de Diputados se registraron cuatro votos en contra, insuficientes para cambiar la voluntad del Ejecutivo pero que permitieron advertir que esta protección que tiene el Estado perjudica a muchos particulares.

Ese llamado de atención no debe ser dejado de lado. El estado de emergencia debe ser declarado y sostenido en tanto razonablemente sirva para superar un estado de crisis grave. Su extensión puede afectar su legitimidad, que es un atributo que no puede perder.

Salta, 25 de octubre de 2023