
Los vocales electos, en el proceso electoral del IPPIS, además integraron los cargos en la entidad que representa a los pueblos indígenas de la provincia. La Presidencia quedó a cargo del vocal del pueblo guaraní, Enrique Arello.
El abogado Napoleón Gambetta explicó que desde las 8 de la mañana del viernes no se permiten actos de campaña ni reuniones cerca de los lugares de votación.
Salta09/05/2025En la antesala de los comicios, el abogado Napoleón Gambetta, brindó precisiones sobre las restricciones legales que rigen durante la veda electoral y el día de votación, especialmente en la provincia de Salta.
“Las elecciones son un proceso, un conjunto de actos concatenados y ya arreglados. Esto comienza con la veda electoral, que arranca mañana a las 8 de la mañana. Desde ese momento ya no se permiten actos de proselitismo ni campañas en los barrios. Está expresamente prohibido”, señaló.
Durante el día de la elección, Gambetta recordó que no pueden realizarse reuniones de personas en un radio de 80 metros de donde haya una urna. “Esto es para evitar búnkers o que se influya a los votantes en el lugar. Si son cinco personas haciendo un asado, no hay problema, pero un cúmulo de gente sí vulnera la normativa”, explicó.
Además, durante la jornada electoral no están permitidos espectáculos públicos: no habrá partidos de fútbol, obras de teatro ni recitales en vivo, de acuerdo con lo dispuesto para el territorio salteño.
¿Con qué documento se vota?
Gambetta aclaró que se debe votar con el último ejemplar del DNI que figura en el padrón electoral. “Si en el padrón aparece que el ciudadano tiene el ejemplar B, debe votar con ese o uno posterior, pero no puede hacerlo con un ejemplar anterior. No se puede votar con pasaporte, ni con DNI digital de la app Mi Argentina”, enfatizó.
¿Hasta cuándo se puede comprar alcohol?
La ley seca rige desde las 20:00 del sábado previo a las elecciones, momento desde el cual queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas.
¿Quiénes están obligados a votar?
El voto es obligatorio para las personas entre 18 y 70 años, mientras que para los menores de 16 y 17 y los mayores de 70 es optativo.
Excepciones y justificaciones
Entre las causales justificadas para no votar, el abogado mencionó estar a más de 100 km del lugar de votación, casos de enfermedad, o estar afectado a tareas esenciales como el trabajo en las fuerzas de seguridad, correos o juzgados electorales. En estos casos, “la persona deberá presentarse a una comisaría el domingo para que le elaboren un acta que justifique su ausencia”.
¿Y la multa?
La multa por no votar sin justificación es irrisoria, según Gambetta: va de 50 a 500 pesos. “Hoy cuesta más el boleto de colectivo o un alfajor que pagar la multa”, ironizó.
Los vocales electos, en el proceso electoral del IPPIS, además integraron los cargos en la entidad que representa a los pueblos indígenas de la provincia. La Presidencia quedó a cargo del vocal del pueblo guaraní, Enrique Arello.
Se firmó la resolución que crea este espacio que estará integrado por centros de estudiantes, alumnos destacados, con articulación del Ministerio de Educación y la Agencia de la Juventud.
El proceso electoral fue suspendido, luego de que se presentara una medida cautelar denunciando irregularidades en la convocatoria y exhibición de padrones. El magistrado Víctor Soria resolvió rechazar la acción de amparo.
El gobernador pidió tranquilidad y aseguró que el proyecto busca ordenar la normativa vigente y proteger a quienes hoy están en el sistema. Reclamó mayor control para evitar abusos y garantizar sostenibilidad.
Minería, turismo, ingresos brutos a comercios, armonización y actualización del Código Fiscal, entre otras medidas.
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La entidad presentó su Memoria Anual 2024 con un balance que combina crecimiento financiero, transformación digital, compromiso ambiental y aporte social.
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El secretario de la ADP expresó su “más enérgico repudio” al proyecto del Gobierno provincial para excluir a los jubilados de la cobertura del IPS. Acusó al oficialismo de encubrir “negociados con clínicas” y adelantó que convocará a un frente gremial.
Julia Toyos aseguró que la iniciativa “es una locura”, “discriminatoria por vejez” y “vulnera derechos constitucionales fundamentales como el acceso a la salud”.