El informe da cuenta que se firmaron 28 convenios en el marco de ese programa que beneficiará a más de 500 productores indígenas y criollos, habitantes de los ex lotes fiscales 55 y 14. Su objetivo es brindar apoyo para generar mejores condiciones productivas que apunten a mejorar la calidad de vida de los pobladores del Chaco salteño, a la vez que incentivan a la población local a avanzar en el proceso de regularización dominial a través de los acuerdos y la demarcación de sus territorios sin solapamientos ni conflictos.
El programa prevé financiamiento de proyectos colectivos que incluyen la construcción de represas, cerramientos de potreros, sistemas de riego y asistencia técnica. Su ejecución fue acordada en un convenio que el Gobierno provincial firmó con el Ministerio de Economía de la Nación. Prevé la inversión de un poco más de 12 millones de dólares, fondos no reembolsables aportados por el Banco Mundial. El tema sirve para dar sentido a una celebración de esta semana, que contiene al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que varias generaciones recordaron como el Día de la Raza. Muestra la nueva mirada sobre un hecho histórico mundial, cuyas consecuencias todavía se están pagando. Lo que se está resolviendo con estos programas es un planteo indígena formalizado en 1991.
Los hechos del caso se refieren a un reclamo de comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí, Chorote, Toba, Chulupí y Tapiete, por la propiedad de los lotes fiscales 14 y 55, que son colindantes y que en conjunto abarcan un área aproximada de 643 mil hectáreas. En la zona referida, que está dentro de la Provincia de Salta y limita con Paraguay y Bolivia, ha habido presencia de comunidades indígenas de modo constante, al menos desde antes de 1629. Además, la tierra fue ocupada por personas criollas a partir de inicios del siglo XX, indica una síntesis de lo actuado por la Corte Interamericana.
Más de 30 años demandó este proceso para llegar a un punto que no es de cierre aunque sí de avance significativo. En este período, la política estatal respecto a la propiedad indígena ha ido cambiando, pero aún tiene muchas asignaturas pendientes. Actualmente se está demandando una legislación nacional que reconozca la comunidad comunitaria, que fue uno de los puntos por lo que transitó este reclamo. En diciembre de 1991, por Decreto 2609, se estableció la obligación de Salta de unificar los lotes en disputa y adjudicar una superficie sin subdivisiones, mediante título único de propiedad, a las comunidades indígenas. Ello motivó el nacimiento de Lhaka Honhat, la asociación de comunidades aborígenes, que llevó al Estado argentino a la Corte que resolvió el caso.
Fue en febrero de 2020 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas radicadas en el Departamento de Rivadavia, determinando que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria y los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos. También reconoció que los lotes involucrados también están habitados por pobladores criollos y si bien dejó sentado que las personas o familias no indígenas no eran parte en el proceso internacional, en un sentido material estaban involucrados en el conflicto sustantivo por la tierra. De allí que los incluyó en las medidas a las que quedó obligado el Estado.
Si se avanza en el sentido marcado, será un hito en el imprescindible cambio de calidad de vida de comunidades históricamente relegadas. De esa reparación se debe hacer cargo el Estado Provincial.
Salta, 10 de octubre de 2023
