Responsabilidad

La mayor parte de los principales municipios cambiará su conducción. Es el caso de la Capital, Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Rosario de la Frontera, General Güemes, Cafayate, Cerrillos, Campo Quijano, entre otros. Y se repite lo que suele suceder en estas circunstancias institucionales: una transición dificultosa y un cierre de cuentas irregular, en el mejor de los casos. Ello justifica el planteo del senador Carlos Rosso respecto de la necesidad de legislar para que la transiciones en los gobiernos provincial y municipales se realicen conforme disposiciones que no dependan de la voluntad de las partes. 

Este martes se conoció la queja del intendente electo de Tartagal, Franco Hernández Berni, quien está solicitando la integración de una mesa donde intervengan el Ejecutivo Provincial y los principales organismos del sistema de control público para realizar un análisis preciso del flujo de fondos provinciales hacia las administraciones municipales.  

Los mecanismos de control no suelen ser muy efectivos y a todas luces las fallas no están en el diseño normativo sino en su ejecución. Prueba de ello es la intimación de la Auditoría General de la Provincia para que las comunas que aún no las han remitido presenten hasta el 30 de setiembre las Cuentas Generales del Ejercicio 2022, cuyo plazo legal venció el 30 de junio. El presidente del organismo, Gustavo Ferraris, informó que por decisión del Colegio de Auditores se iniciarán acciones penales por incumplimiento de una manda constitucional.

Llama la atención el poco aprecio que los gobernantes manifiestan por una obligación ante la ciudadanía que los ha elegido como sus representantes para el manejo de los recursos públicos, cual es la rendición de cuentas. Pero también debe preocupar la falta de responsabilidad sobre los resultados de gestiones que, al margen de su eficiencia y eficacia, complican gestiones futuras. 

Hay dos datos que reflejan la escasa importancia que quienes gobiernan por la voluntad popular le dan a una administración transparente y honesta. No solo hacen caso omiso de las obligaciones que todo el marco normativo impone y no muestran apego a los procedimientos correspondientes sino que muchos menos le dan relevancia al control correspondiente. Los cuerpos legislativos escasamente manifiestan tomar esa facultad como esencial –a la par del ordenamiento de la convivencia comunitaria- y prefieren apañar desvíos e incumplimientos por parte de los Ejecutivos. Solo la confrontación política permite que se haga el seguimiento adecuado de las cuentas públicas. 

El otro dato es que generalmente buena parte de los mandatos que concluyen sin reelección terminan en denuncias judiciales, la mayor parte de las cuales permiten la apertura de causas que –y esto también debe destacarse- no se resuelven con la urgencia con la que la corrupción debiera tratarse. Hay casos emblemáticos que muestran que la Justicia tampoco se pone de parte del interés público. 

El adelantamiento de las elecciones, que definió casi medio año antes el destino de los Ejecutivos municipales, ha puesto en evidencia esa desaprensión. Hay casos extremos, como ocurre en Rosario de la Frontera, donde la administración en retirada incumple la ordenanza que prohíbe la designación de personal en planta permanente y el actual intendente avanza en ese sentido. Es una actitud que se repite en todas las comunas donde habrá cambio de Ejecutivo, como así también es común la toma de deuda y el gasto que se cubren con cheques diferidos o requiriendo adelantos de coparticipación.

La Justicia y los órganos de control –Auditoría y Tribunales de Cuenta- son los que debieran disciplinar prácticas nocivas que vienen manifestándose desde hace décadas. La falta de sanciones facilita que se repitan y, en no pocos casos, conviertan al patrimonio público en privado.

Salta, 26 de septiembre de 2023