El último decreto publicado en el Boletín Oficial formaliza la disposición llevar a cero las retenciones a todas las economías regionales con valor agregado, es decir con proceso de industrialización sobre la producción primaria. Productores salteños, como los tabacaleros, han ponderado como adecuada la medida pero reconocieron que este año ya no les sirve, pues las negociaciones se efectuaron en enero y no contemplaron obviamente la ventaja de eliminar el 12% de retención, que hubiese incrementado el margen de ganancia para el sector.

 Al hacer el anuncio, el Ministro de Economía calificó a la medida como "justa y federal" y, además, destacó que sustrae de la voracidad fiscal unos 180 millones de dólares que permanecerán en el sector agroindustrial, que emplea a más de un millón 200.000 personas en 17 provincias, entre ellas Salta. El funcionario conoce muy bien cómo beneficiar a la producción y, en consecuencia, al mercado laboral pero no ha explicado porqué se ha demorado hasta este momento –dominado por el electoralismo- para disponer su aplicación. Además, aprecian los supuestos beneficiados que por ahora no tendrá efecto pero quizás sí el próximo año, cuando ya haya cambiado la conducción nacional. Pero ese caso, ni siquiera el paso de Sergio Massa de ministro a Presidente de la Nación les da certidumbre en torno de la continuidad de su vigencia.

Hay un cúmulo de medidas que apuntan a mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas, que son el modelo preponderante en economías como la salteña y las del Norte Grande, en general. Es el caso del programa Emplea Pyme, que promueve la condonación del 100% de los aportes patronales por 24 meses a las que incorporen nuevos trabajadores; también incluye la eximición del pago de deudas a aquellas que regularicen a trabajadores no registrados. Sin embargo, la recepción de este anuncio tampoco fue positiva

La opinión de Paula Bibini, presidenta de Unión Industrial de Salta y  vicepresidenta de la Unión Industrial Argentina, es una prueba de ello. Expresó el hartazgo de los industriales frente a la inestabilidad de las políticas económicas y demandó reglas claras, previsibilidad y un rumbo claro. Consideró como parches a las medidas anunciadas por quien es también candidato presidencial y las colocó frente al punto neurálgico de los problemas: el contexto inflacionario y de crisis en el que desarrollan sus actividades las empresas del sector. Según la dirigente fabril, no se está pensando en contratación masiva de trabajadores o en la quita de impuestos, sino en conseguir insumos y  divisas para pagar las importaciones. Esas dificultades se reflejan en la caída de la actividad informada por el INDEC. La industria manufacturera registró un retroceso de casi el 4% a nivel interanual, en julio pasado; en el mismo período, el sector de la construcción se vio afectado con una caída de casi el 6%, en el mismo período.

Las decisiones que va adoptando el ministro candidato y que apuntan a promover el consumo, para evitar la parálisis de la producción, no parecieran que van a lograr los resultados buscados. El caso más claro es el bono de 60 mil pesos que deberá pagarse este mes y en octubre a trabajadores formales públicos y privados. La disposición enervó a los empleadores –gobiernos y empresarios- pero también a los empleados porque irrumpió en un ámbito bien regulado como es el de las negociaciones colectivas de sueldos. Además, no atiende al marco inflacionario que viene impactando severamente en el poder adquisitivo de los ingresos salariales. Ello se hará notorio la próxima semana, cuando se estrene un índice de dos dígitos para medir la evolución de los precios. Va a oscilar entre más del 10% como se midió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por encima del 13% que se registró en Córdoba, dos referencias urbanas significativas.

En este tiempo de crisis se requiere, al menos, pertinencia, oportunidad y claridad. Y ello no se está notando.

Salta, 08 de septiembre de 2023