Media sanción para crear una contravención en protección del derecho a la intimidad

En el regreso a la actividad parlamentaria, uno de los puntos más debatidos en el recinto fue el proyecto de ley que propone incorporar al Código Contravencional de Salta artículos relacionados a la difusión, publicación, distribución, facilitación, o entrega a terceros de imágenes, grabaciones o filmaciones de carácter íntimo, sin el consentimiento de la persona, y a través de cualquier tipo de comunicación electrónica.

La Diputada Socorro Villamayor detalló que el avance de la tecnología “nos ha generado una importante responsabilidad a legisladores de rever normativas existentes a los fines de poder analizar situaciones van provocando la existencia de figuras que se asemejan a delitos hoy tipificados en el Código Penal y no están encuadrados como tales”. 

Criticando la “importante deuda con el país” a nivel nacional en el Congreso Nacional con leyes que “no prosperan”, Villamayor consideró “positivo crear estas figuras con el carácter de contravenciones” en la provincia.

Diputados buscan avanzar sobre la protección del derecho a la intimidad con una contravención

Explicando el proyecto, detalló que una primera parte contiene una primera hipótesis que se refiere a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento –salvo cuando se trate de un menor donde lo último no aplica-, una segunda hipótesis referida a la intimidación mediante estos contenidos – agravando cuando las víctimas sean mayores de 70 años o menores de 18 años, como así también pudieran tener vinculación, se usen identidades falsas o anónimas, y vínculos de consanguinidad hasta cuarto grado-, y una tercera hipótesis cuando se utilicen los datos filiatorios de una persona o cuando se cree una imagen falsa de otra persona. 

Por otro lado, el proyecto también se relaciona a las fake news donde Villamayor señaló que no solamente se circunscribe a lo político. “Cuando se difunde una falsa noticia se puede provocar pánico social o generar a la sociedad con una ideología y otra, puede llevar al suicidio, poner en peligro determinados sectores sociales”, explicó.

A su tiempo, Sofía Sierra (PRO) expresó que hay artículos que “son cuestionables y hay una discusión de sí a la provincia le compete dictar estas normas”, aunque reconoció que en el Congreso “deben tratarse con celeridad”.

“Si hay avances con una media sanción en uno de los proyectos y en diputados el proyecto Belén ha ingresado, se está teniendo en cuenta este tema, se está trabajando, y me parece que puede ser un error que legislemos a nivel provincial cuando podemos incurrir en contradicciones con los proyectos a nivel nacional”, expresó.

Así mismo, puntualizó sobre artículo 50 relacionado a las fake news sobre “desacreditar a personas o autoridades oficiales”, lo que consideró como “inconstitucional y muy peligroso para la democracia blindar a funcionarios públicos, ya que va en contra de los estándares de libertad der expresión”.

Seguidamente, Cristina Fiore se mostró a favor del proyecto considerando que “hay algunas contravenciones que se parecen a los delitos penales” y se podría continuar creando una contravención cuando el escrito aclare “siempre que no fuera delito”.

Respecto al paralelismo del debate con el Congreso Nacional, Fiore señaló que no debe ser un obstáculo ya que “termina siendo injusto que las víctimas, más allá del daño moral o reprimenda civil, no tenga otro tipo de restricción”, contribuyendo en consecuencia a disuadir determinadas conductas.

Sobre el debate de las fake news, la diputada resaltó que respecto a “desacreditar a personas o autoridades oficiales” se trata de una “contravención de instancia privada, es decir tiene que haber un ofendido” y “no configura contravención el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

Finalmente el proyecto fue aprobado sin modificaciones y pasó al Senado en revisión.