Usuarios y prestadores de lo que se llama servicio impropio de transporte de pasajeros vienen demandando desde hace tiempo las correcciones necesarias para tornarlo eficaz dada su naturaleza. Un nuevo plenario fue el escenario que se montó para discutir las fallas que cada sector observa como una dificultad para el desarrollo de lo que es una actividad económica para algunos y una fuente de trabajo para muchos otros. 

En el encuentro convocado por el Concejo Deliberante hubo dos ausencias notorias: la Autoridad Metropolitana del Transporte, principal responsable del control del servicio, que se abstuvo de participar pese a la invitación cursada y los usuarios, que debieron estar representados por las asociaciones contempladas por las normativas que protegen los derechos de los consumidores.

Lo que hubo alcanzó, por lo menos, para conocer las dificultades que enfrentan taxistas y remiseros, tanto los empresarios como los choferes. Al consuetudinario problema de las licencias, se suman las del tránsito y las de organización de la prestación, en las que deben tenerse en cuenta tanto las condiciones del parque automotor como la introducción de tecnología. Otros puntos del país han mostrado que existen muchos recursos para mejorar la prestación, en tanto haya voluntad de cambio y políticas adecuadas para promover las actualizaciones necesarias.  

Quizás por los escasos resultados alcanzados en otras oportunidades de debate, el de ayer estaba muy demorado ya que la resolución para su convocatoria había sido aprobada por el Concejo Deliberante en setiembre de 2022. En sus fundamentos, sin embargo, se reconoció que el servicio no registra avances desde hace una década por lo menos y nunca alcanzó las mejoras que sí tuvo el servicio masivo de pasajeros, ambos bajo la responsabilidad de la AMT. 

Las deficiencias de su gestión fueron marcadas por los participantes, que reconocieron los escasos recursos que pone el organismo provincial al servicio del desenvolvimiento de la actividad. El insuficiente control permite el desarrollo de prácticas ilegales mediante unidades no autorizadas o excesos que cometen prestadores de otras jurisdicciones que operan en la ciudad. También denunciaron el desorden administrativo que no permite el usufructúo de beneficios, como la propiedad veinteñal de las licencias por la pérdida de antecedentes.

Otras cuestiones puestas a consideración no fueron novedosas pero llama la atención que no se hayan resuelto mediante un ordenamiento más eficiente. El sistema de las agencias de remises, que obliga a quienes ponen sus vehículos y licencias a realizar un aporte diario para intervenir en la prestación, sobrevive pese a los reclamos permanentes de quienes sienten que hay una intermediación ociosa. La sospecha del favoritismo político tampoco ha logrado ser despejado. Un tercer aspecto es el incumplimiento de normativas; la ordenanza que rige el funcionamiento de paradas no alcanza para que estos sitios, por lo menos, sean señalizados de manera correspondiente.

La coincidencia que puede servir de conclusión es que se debe trabajar en la recuperación del control del funcionamiento de taxis y remises, una facultad del gobierno municipal contenida en la Carta Orgánica. Y también, que se debe empezar en su mejoramiento y actualización sin esperar que asuma un nuevo gobierno.

Salta, 01 de junio de 2023