Ausencia

El paro docente generó muestras de adhesión de distintos sectores sociales en repudio a la represión con la que el Ejecutivo pretendió desalentar las protestas. La reacción profundizó el alcance de la medida de fuerza y debilitó la posición del Gobierno, que no puede amedrentar con el uso de la fuerza. De parte de los llamados Autoconvocados, la prolongación del paro arrastrará a los colegas que aceptan el acuerdo logrado en la mesa intergremial con tope en agosto pero se solidarizan con los que pusieron el cuerpo para advertir a la dirigencia gremial sobre lo que podían ceder. Retirar la amenaza  del descuento de los días de huelga emerge como la prenda para un eventual acuerdo.

La reiteración por parte del gobernador Gustavo Sáenz de que hay problemas de vieja data que no puede resolver solo y que en su intento por hacerlo comete muchos errores, ya no alcanza. Si bien ahora se cobija en los 30 puntos que por encima de su inmediato seguidor en los recientes comicios, sabe que lo recogido no es tan productivo como pareciera porque la mayor parte del electorado expresó su malestar con la situación.

Lo que no se puede discutir de las afirmaciones del mandatario provincial es que no es el responsable de todo. Ello así porque si bien recibió el Gobierno sin beneficio de inventario y debe hacerse cargo del pasado, él no es el Estado.

El Estado es la organización que abarca la totalidad de la población del país –o de una provincia- estructurada social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad en ese territorio. Y esa organización asigna responsabilidades a todos sus componentes, que en un sistema representativo carga con buena parte de ellas al Gobierno.

El Preámbulo de la Constitución Provincial resume los fines del Estado Provincial y las aspiraciones comunes de sus habitantes, con el fin de exaltar y garantizar la vida, la libertad, la igualdad, la justicia y los demás derechos humanos; ratificar los inalterables valores de la solidaridad, la paz y la cultura nacional; proteger la familia, la salud, el medio ambiente y los recursos naturales; asegurar el acceso a la educación y a la cultura y establecer el derecho y el deber al trabajo, su justa retribución y dignificación, entre otros propósitos.

Es la Constitución la que impone a la educación como un derecho de la persona y un deber de la familia y de la sociedad, a la que asiste el Estado como función social prioritaria, primordial e insoslayable. También fija entre las atribuciones y deberes del Gobernador adoptar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público por todos los medios que no estén expresamente prohibidos. 

La legislación emergente de la Constitución pone cada cosa en su lugar para que se avance por la senda de la convivencia civilizada. La naturaleza del conflicto actual impacta de lleno en la familia, núcleo primario y fundamental de la sociedad, a la que los poderes públicos protegen. 

Por ello es que la marginación que se hace de ella resulta en una ausencia que se nota.

Salta, 29 de mayo de 2023