Con siete meses por delante, dos equipos de gobierno municipal han comenzado a trabajar por la transición hacia el cambio que operará el 10 de diciembre próximo. Los intendentes Bettina Romero y el electo Emiliano Durand acordaron llevar adelante un proceso de sana convivencia cívica. El Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas se alistan para trabajar en ese cometido.
Opinión18/05/2023
La participación de ambos órganos de control apunta a asegurar transparencia. Así lo ha destacado el titular del Tribunal, Sócrates Paputsakis, quien es la cabeza visible de un sector que debe dar fe con sus informes de las afirmaciones del Ejecutivo Municipal, cuya titular califica de esa manera el manejo de los recursos municipales.
Se ha convertido en un hecho repetido la imputación a jefes comunales que dejan esa función y de inmediato a ser reemplazados son acusados de hechos de corrupción como consecuencia de la intervención de la Auditoría General de la Provincia, que revisa las cuentas de municipios que no tienen su propio control externo. El Procurador General de la Provincia ha reconocido que las denuncias presentadas en los últimos cuatro años han desbordado a la Unidad de Delitos Económicos Complejos que tiene una importante lista de intendentes que deben llegar a juicio. Este jueves se conoció el pedido de elevación de la causa que se sigue contra el exintendente de San Ramón de la Nueva Orán Marcelo Lara Gros. Por otra parte, el 12 de junio comenzará el juicio contra el exintendente de Campo Quijano Manuel Cornejo.
No es el caso de la Capital, cuyo Tribunal de Cuentas desde su creación en 1989 no ha puesto en apuro en la Justicia a ningún intendente, como tampoco lo hicieron los que se sucedieron desde entonces. La causa que está en análisis en el Ministerio Público Fiscal ha sido girado por su par federal y es un desprendimiento de otra por falsificación de facturas, con pruebas tomadas en un allanamiento realizado en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Salta.
De todas maneras, la revisión de cuentas no es la única tarea de la transición. Hay que repasar las obras y programas en ejecución porque se debe apreciar que un cambio de conducción del gobierno no significa desconocer la obligada continuidad institucional. Pueden -y deben- cambiar algunas políticas, se deben observar las prioridades y se deben desplegar las acciones comprometidas en la oferta electoral pero se deben preservar otras que son vertebrales.
El enfoque según la voluntad del intendente electo es que se lleve adelante “una transición responsable y ordenada" en beneficio de los vecinos. Esa tarea requiere empezar a trabajar una serie de puntos en conjunto hasta su asunción, según sus propias declaraciones, por lo que es importante el acuerdo de mantener el diálogo y poner en marcha sendos equipos técnicos para ejecutarla.
Para apuntalar esa pretensión, también sirve la iniciativa presentada en el Concejo Deliberante para crear una comisión de la que formen parte representaciones de ambos intendentes, además del cuerpo deliberativo y del Tribunal de Cuentas. El objetivo es asegurar una transición pacífica con el foco puesto en el control de las acciones del Ejecutivo saliente, según la concejal Paula Benavides, autora del proyecto de ordenanza. Será un aporte importante el del Tribunal, que tiene un registro con información de primera mano respecto de lo que se está haciendo actualmente, con datos aportados por los actuales funcionarios y controlados por los auditores, según su titular.
Es promisoria la voluntad de trabajar en conjunto para dar certezas a vecinos que no tienen canales de participación accesibles y amplios. Tampoco hay información pública disponible de manera suficiente, como exige la legislación vigente. Habilitarlos sería un gesto de respeto a la ciudadanía.
Salta, 18 de mayo de 2023
La democracia argentina ha dado otro paso hacia su fortalecimiento. Más allá de los resultados de las pasadas elecciones, se hizo lugar a una forma de participación ciudadana que, en cada comicio, tiene la oportunidad de evaluar la tarea política que se despliega desde la administración del Estado a la práctica del control del manejo de los asuntos públicos, que es tarea de los legisladores. Y a través del voto, califica.
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