Guía
Nuevos datos se están conociendo para construir la decisión que se debe adoptar el domingo, cuando se proceda a la renovación parcial del Congreso. Una importante cartera de proyectos que deberán tratar las Cámaras ha sido presentada en el marco del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 y debiera conocerse cuál es la posición que sostienen quienes aspiran a ocupar las bancas en juego.
Los dos años transcurridos bajo una administración libertaria son la guía más certera para determinar si se suma fuerza al sector o se opone resistencia a los propósitos que alienta, porque se ha ratificado que las políticas a desarrollar apuntan a profundizar los cambios que se han venido ejecutando o se intentaron llevar adelante. La tarea reformista se apresta a transitar una etapa que tiene, en principio, dos años por delante, que son los de la segunda mitad del mandato de Javier Milei.
Se anunció que el 15 de diciembre próximo ingresará al Congreso un paquete de iniciativas que se vinculan a las reformas tributaria, laboral y previsional que se están trabajando en el Consejo de Mayo. La mención a ese grupo de trabajo no es ociosa; representa la voluntad de importantes sectores de la vida nacional y de la mayoría de gobiernos provinciales, cuyos titulares son suscriptores de un Pacto a través del cual se acordaron las líneas de trabajo que se concretarán merced a la intervención parlamentaria.
El portavoz de esta decisión fue el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, quien conoce el paño porque hasta 2023 fue diputado nacional por el radicalismo de San Luis y desde entonces pasó a integrar una cartera icónica del gobierno de La Libertad Avanza. Estuvo detrás de la Ley Bases -a la que se calificó como un ejercicio positivo del diálogo democrático- que avanzó sobre lo dispuesto por el DNU 70 y se perfeccionó con el Pacto de Mayo, que en julio de 2024 firmaron 17 gobernadores -entre ellos el de Salta- y el Jefe de Gobierno de CABA.
Quienes sean elegidos este domingo deberán trabajar en la regulación del decálogo de puntos contenidos en ese acuerdo, que determinan la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público hasta llegar a 25% del PBI; una educación inicial, primaria y secundaria moderna; la reforma tributaria; la rediscusión de la coparticipación; la explotación de los recursos naturales; las reformas laboral y previsional; y la apertura del comercio internacional. Los electores deberán considerar que ese debate ya tiene un consenso previo entre los mandatarios que lo sellaron en Tucumán.
La insistencia en avanzar en la transformación del Estado muestra que se trata de una bandera que trasciende una instancia electoral, ya que fue la que encaramó a Javier Milei en la presidencia y dos años después da argumento a la oposición para detener ese proceso, que tiene aristas virtuosas pero también contiene aspectos de dudosa institucionalidad.
El gobierno nacional agita como un logro la reducción de la cantidad de empleados públicos en 54 mil personas y el ahorro de 5 mil millones de pesos en salarios. La otra cara de esa acción es la desocupación y el avasallamiento de derechos que llevaron a que se judicialicen muchas decisiones o se rechacen DNU o decretos delegados.
Esta elección debe contribuir a resolver un conflicto de poderes planteado por un Ejecutivo que trató de zafar de su debilidad parlamentaria rozando la legalidad y la legitimidad del sistema con sus decisiones. Con su pronunciamiento, la ciudadanía le debe indicar cuál es el camino que debe transitar.
Salta, 22 de octubre de 2025
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