Plaza 9 de Julio: Advierten que se podrá saber el daño real al erario público cuando se finalicen las obras

En “Día de Miércoles” la  concejal de Salta Independiente, Paula Benavides, brindó los detalles del informe del Tribunal de Cuentas con la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante por las obras de refacción y puesta en valor de la Plaza 9 de Julio. Del mismo surgió una reunión, el martes, para evacuar consultas y profundizar el detalle.

“Es una de las obras más cuestionadas, como lo fueron las bicisendas con distintas polémicas. Estamos hablando de $380 millones cuando había un presupuesto de $130 millones”, manifestó la edil.

Asimismo, dijo no poder comprender ese monto cuando lo que se ve es un recambio de baldosas, de luminarias, bancos pintados,  alegando así que los cambios no fueron significativos pese a que ha sido promovida por la intendenta, Bettina Romero, como una de las obras más emblemáticas de su gestión.

“Lo que ha surgido dela reunión con el Tribunal de Cuentas es de una gravedad”, resaltó. Detallando, por ejemplo, que se  certificaron obras como si estuviesen terminadas, “hay un 80% de la  obra finalizada y más del 97% de la obra pagada, es decir aún faltan cosas para hacer y ya se pagaron”, agregó.

En este sentido, dijo Benavides que se detectaron irregularidades en el desdoblamiento de lo que fueron las  obras complementarias para evitar ser controladas.

Pese a los datos que de por sí reflejaron irregularidades en la obra, la edil advirtió que “el Tribunal de Cuentas hoy no puede determinar si hay realmente daño al erario municipal, entendiendo que las obras tienen que estar finalizadas para recién hacer una auditoría completa”. Para ello, añadió que se debería hacer un corte ya sea por la finalización de las obras o porque no se concluyeron.

Ahora bien, a un mes del cambio de Administración en el municipio Capital, la edil planteó –si hasta entonces no culminan las obras- el intendente electo, Emiliano Durand, podría rescindir el contrato con la empresa por incumplimiento; o bien iniciar acciones legales alegando las múltiples observaciones detectadas.

“Tiene muchísimas observaciones, no solamente en cuanto a la falta de control, sino también en el papeleo en general. En este informe surge que había certificados que no estaban suscriptos por la autoridad competente y que el Tribunal tuvo que hacer un chequeo para las redeterminaciones de precios con los precios minoristas porque no estaban  tampoco certificados. Certificados donde se pedía una redeterminación de precios que era mucho más alta de lo que en realidad tenía que ser”, detalló Benavides.

Por otro lado, el Tribunal abrió sumarios administrativos, pero al momento no fueron informados los nombres.