A pesar de que la Ley provincial indica que no presentar, hasta el 30 de junio de cada año, las cuentas generales es una causal de mal desempeño, los auditores le permitieron a los Municipios una excepción “extraordinaria y por única vez”.
Se realizará el próximo martes 16 de abril en la sede social ubicada en el pasaje Zorrilla Nº 29, a partir de las 11:00 horas en primera convocatoria.
Por cuarto año consecutivo dentro de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, se presenta este documento de importancia para conocer el estado de las finanzas públicas con orden, transparencia y previsibilidad.
Por unanimidad del Colegio de auditores generales, el organismo le aconseja a la Legislatura hacer lo propio.
Tartagal, La Poma, Pichanal, Aguaray, Cafayate y otras comunas no cumplieron con la Ley y la Constitución Provincial en su apartado en que se obliga a presentar las cuentas generales del ejercicio ante la Auditoría General de la Provincia.
Desde el bloque de la UCR adelantaron su aprobación.
Así lo confirmó el presidente de la Auditoría General de la Provincia, en referencia a la prórroga hasta el 30 de septiembre para cumplir con la obligación constitucional.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
Con una inversión provincial superior a los $43.500 millones, el llamado a licitación se publicará el 28 de noviembre. Este gran proyecto “integrará 42 disciplinas y nos convertirá en referentes deportivos del NOA y NEA”, aseguró el mandatario.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.