
La decisión de Casación ratificó la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había actualizado el monto del decomiso utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) como criterio.
La concejal no desestima una causa penal por malversación de fondos públicos que involucre a Gallo y Capisano. Explicó que la reunión del próximo lunes con las funcionarias municipales será un primer paso para analizar cómo proceder.
Política17/03/2023En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña, la Dra. Benavides celebró la decisión del Concejo Deliberante de convocar a las funcionarias del ejecutivo municipal, Valeria Capisano, Jefa de Prensa y Agustina Gallo, Jefa de Gabinete, el próximo lunes a la Comisión de Hacienda para que expliquen cuáles fueron los servicios por los que autorizaron el pago de $74 millones de la caja municipal a empresas consultoras.
En este sentido la legisladora explicó que será muy importante tener una instancia de “cara a cara” con las funcionarias para “tener la información por ellas mismas”.
“Si bien hay una responsabilidad directa por parte de las funcionarias que hicieron la contratación, eso no excusa a quien hoy está a cargo del Ejecutivo Municipal porque es responsable por el hecho de los dependientes”, explicó Benavides.
“Quien es jefe, tiene la responsabilidad por lo que hacen sus dependientes, tiene que estar al tanto, y no puede excusarse diciendo que no sabía”.
En este sentido, aclaró que, si bien no hay una figura de “obediencia de vida”, en la investigación se debería determinar que hubo una coautoría en un delito como el de “malversación de fondos”.
“Por un lado tenemos la parte penal habría que determinar la responsabilidad y si se tipifica este delito y quiénes son los autores y coautores, materiales o intelectuales y por otra parte, tenemos la parte civil, que es la responsabilidad económica, de retribuir a la ciudadanía todo esto que se ha malversado de alguna forma, acá tampoco le cabe a la intendenta la posibilidad de decir que no sabía lo que estaban haciendo sus funcionarios, porque es quien está a cargo del Ejecutivo y tiene que tener conocimiento de lo que hacen sus funcionarios, por eso la responsabilidad por el hecho del dependiente”, finalizó Benavides.
La decisión de Casación ratificó la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había actualizado el monto del decomiso utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) como criterio.
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