La abogada Verónica Gómez estará al frente de la Oficina Anticorrupción. Exlegisladora porteña y hasta ahora asesora en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, caminó la política como parte del socialismo porteño, de Roy Cortina.
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Gómez llega al cargo recomendada por el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, con quien mantiene una muy buena relación desde que coincidieron en la Legislatura de la Ciudad.
Gómez ocupará así el lugar que dejó vacante Félix Crous a fin de año, cuando decidió regresar al Ministerio Público Fiscal. El funcionario cercano al kirchnerismo le había asegurado a la Casa Rosada que se terminaba su licencia en Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), aunque en la Procuración General de la Nación rechazaron esa versión y aseguraron que se trató de una decisión personal de Crous.
Crous había sugerido a la Casa Rosada que hubiera una continuidad de su gestión en la OA a través de su mano derecha, el subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia, Luis Villanueva. Pero a diferencia de lo que Fernández hizo en el último tiempo en otros ministerios y organismos (en los que designó a los segundos de los funcionarios salientes), en este caso el Presidente optó por designar a una persona de otro perfil y otro origen político.
Esta mañana, Gómez se reunió con el Presidente en Olivos para oficializar su nombramiento al frente del organismo que debe controlar potenciales hechos de corrupción en la administración nacional, además de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios y posibles conflictos de interés.
Gómez es abogada y tiene un posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Se formó en programas de género y fue asesora en asuntos constitucionales, gestión pública, políticas culturales, derechos humanos y género en la Cámara de Diputados.
La gestión de la OA
El organismo anticorrupción está acéfalo desde diciembre de 2022. La gestión de Crous quedó marcada por la decisión de desistir de las querellas en las causas que investigaban a Cristina Kirchner, un fuerte contraste con la gestión previa, que se caracterizó por participar activamente en Comodoro Py de los casos de corrupción del kirchnerismo.
Si bien la OA mantuvo un perfil muy bajo durante la gestión de Fernández, hoy hay varios casos pendientes de estudio en el organismo. El más reciente es una nota -que no tiene formato de denuncia formal- presentada en el ente anticorrupción por el nombramiento de Antonio Aracre como jefe de asesores del Presidente. La nota fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que advierte por potenciales conflictos de interés, dado que la Ley 25.188, de Ética Pública, establece que deberán abstenerse de tomar intervención pública aquellas personas que han dirigido -en los últimos tres años- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado. Aracre es exCEO de la compañía de semillas y herbicidas Syngenta.
Otros expedientes por potenciales conflictos de interés de la gestión de Fernández pero también de la gestión de Mauricio Macri que están pendientes de resolución. Entre otros, se tramita el caso contra el abogado Ricardo Gil Lavedra iniciado por la AFIP por haber asesorado de forma externa al organismo recaudador en el juicio contra el empresario kirchnerista Cristóbal López, y el expediente contra Patricia Bullrich (iniciado por la propia OA) por la compra de equipamiento a Israel. También está pendiente de trámite una denuncia de la Coalición Cívica contra el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y contra el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Alexandre Roig, por la celebración de convenios con el Movimiento Evita, que tiene a ambos funcionarios como referentes.
La Nación
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