Gran Bretaña presentó un plan contra la inmigración que bordea el límite legal

El gobierno británico está dispuesto a enfrentar impugnaciones legales a una nueva ley que pretende impedir que decenas de miles de migrantes lleguen cada año al país en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha, según indicaron las autoridades.

El Mundo 07/03/2023

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La secretaria de Interior, Suella Braverman, dijo que el gobierno ha “bordeado los límites del derecho internacional” con una ley que prohíbe las solicitudes de asilo de cualquiera que llegue a Gran Bretaña de forma no autorizada e instará al gobierno a detener y deportar a esas personas “a su país de origen o un tercer país seguro”. Tendrían prohibido volver a entrar en el país para siempre.

“Si usted viene aquí de forma ilegal, no debe poder quedarse”, escribió Braverman en el Daily Telegraph.

El gobierno afirma que su Ley de migración ilegal, que se presenta el martes en el Parlamento, detendrá a los migrantes y asestará un golpe a los grupos de contrabandistas que envían a personas desesperadas en peligrosas travesías por una de las rutas navieras más transitadas del mundo.

El primer ministro, Rishi Sunak, afirmó que la ley “recuperará el control” de la frontera británica, una promesa clave de la exitosa pero divisiva campaña para sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea.

Sus detractores dicen que el plan es poco ético e imposible de aplicar porque no se puede enviar a su país a la gente que huye de la guerra y la persecución, y que probablemente se sume a una serie de promesas incumplidas de lucha contra la inmigración por parte de sucesivos gobiernos británicos.

“La ley no impedirá que barcos pequeños crucen el Canal. Sólo aumentará el trauma para las personas en esos barcos, al tiempo que daña aún más la reputación internacional de Gran Bretaña de justicia y compasión”, afirmó Laura Kyrke-Smith, directora ejecutiva del grupo humanitario Comité Internacional de Rescate.

Gran Bretaña recibe menos solicitantes de asilo que países europeos como Italia, Alemania o Francia. Pero miles de migrantes de todo el mundo viajan cada año al norte de Francia con la esperanza de llegar a Gran Bretaña, atraídos por lazos familiares, la lengua inglesa o la impresión de que resulta sencillo encontrar un empleo.

La mayoría intenta cruzar en lanchas y otras embarcaciones pequeñas ahora que las autoridades han redoblado la vigilancia de otros métodos como viajar de polizón en autobuses o camiones.

Más de 45.000 personas llegaron a Gran Bretaña en barco en 2022, un aumento respecto a las 28.000 de 2021 y las 8.500 de 2020. La mayoría pidieron asilo, pero una acumulación de más de 160.000 casos por tramitar ha hecho que muchos languidezcan en abarrotados centros de procesamiento o en hoteles, sin derecho a trabajar.

El gobierno británico dice que muchos de los que hacen el viaje son migrantes económicos en lugar de refugiados, y señala a un incremento el año pasado en las llegadas desde Albania, un país europeo que Gran Bretaña considera seguro.

Los grupos de refugiados dicen que la mayoría de los que cruzan el Canal huyen de la guerra, la persecución o el hambre en países como Afganistán, Irán e Irak. La mayoría de esas personas que vieron tramitada su petición recibieron asilo en Gran Bretaña.

Las organizaciones benéficas afirman que la gente se arriesga al peligroso viaje porque hay pocas avenidas legales y seguras para llegar a Gran Bretaña. El gobierno asegura que una vez la nueva ley esté en vigencia, establecerá más procesos legales para pedir asilo, además de los ya habilitados para personas de Afganistán, Hong Kong y Ucrania. Pero no ha concretado cuántos solicitantes de asilo serán admitidos ni cuándo comenzará ese programa.

Tampoco está claro qué terceros países seguros estarían dispuestos a recibir gente deportada de Gran Bretaña. Un plan anunciado el año pasado por el gobierno para enviar a los migrantes llegados a su territorio en un viaje de ida a Ruanda está inmerso en batallas legales. Nadie ha sido enviado al país del este de África, aunque Gran Bretaña ya ha pagado a Ruanda 140 millones de libras (170 millones de dólares) por el acuerdo.

Infobae

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