Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, fueron acusados de cometer violaciones graves a los derechos de la población, equiparables con delitos de lesa humanidad, en conjunto con las autoridades de la Policía Nacional y otras entidades estatales.

Dicha conclusión fue realizada por un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, el cual está encargado de investigar y recolectar evidencia sobre la situación que se vive actualmente en Nicaragua a partir de las manifestaciones de los ciudadanos de 2018.

Según el informe, los mandatarios incurrieron en abusos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, todos, delitos encubiertos por un alto nivel de censura.
"Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad se ha convertido en un arma de persecución contra la población", sostuvo al respecto Jan Simon, experto independiente y presidente del grupo.

A su vez, a los crímenes mencionados se sumó recientemente la negación del derecho a la nacionalidad y a permanecer en el país, motivo por el que se les ha retirado de forma arbitraria la nacionalidad a 316 personas acusadas de "traición a la patria". De ellas, 222 fueron expulsadas del país.

Fuente: Perfil.