La penúltima reunión del año del Concejo Deliberante mostró que ni a las puertas de un proceso electoral en el que buscará su reelección la intendenta Bettina Romero busca una imagen más armónica de gobierno municipal. El cuerpo deliberativo tampoco aporta demasiado y prefiere lamer públicamente las heridas que le producen los desplantes del Ejecutivo.
Opinión22/12/2022
Podría señalarse que la mayor responsabilidad en el desencuentro permanente entre estos dos estamentos de la conducción política del Municipio es de la jefa comunal ya que la experiencia de marginación del Concejo se repite con su actual integración, diferente de la que la acompañó en los primeros dos años de su mandato. Decir acompañamiento solo es una forma de expresar una convivencia que la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal han previsto y pero que en la realidad se manifiesta en el trazo de dos líneas paralelas.
El presidente del Concejo Deliberante lo consideró una cuestión de estilo. Describió que la intendenta Romero tiene el trabajo de manejar su gestión con intermediarios, al punto que ha llevado su relación con la cabeza del otro poder a través de terceros, por orden de la propia intendente. Vale recordar la tarea asignada a tres funcionarios nombrados al efecto en el Ejecutivo municipal como son los casos de César Álvarez, José Luis Gambetta y Fernando Palópoli, que intentaron evitar un estado permanente de conflictividad. Darío Madile trató siempre de bajar el tono al desinterés de la intendenta sobre el cuerpo que él preside, que tampoco consulta decisiones que pueden impactar severamente en el otro poder.
El último incidente se dio en el marco del análisis que en comisiones se realiza del veto impuesto por el Ejecutivo a la ordenanza de prórroga de la feria del Parque San Martín. Las Comisiones de Servicios Públicos y de Legislación General convocaron a los feriantes y a funcionarios de la intendencia para tratar aspectos de una situación que tendrá un punto de corte en febrero y no en diciembre de 2023 como establecía la norma sancionada en noviembre. Pero los representantes del Ejecutivo no se hicieron presentes, cuando veto y acortamiento de la prórroga no son una solución a un problema que se arrastra desde hace 14 años.
El desplante llevó a que otros voceros de la oposición destaquen los incumplimientos a ordenanzas que están plenamente vigentes pero no se aplican. Es el caso de la norma que prohíbe usar recursos públicos para publicitar una gestión con indisimulables propósitos electoralistas. A los concejales les queda exigir información para verificar las anomalías que bien pueden terminar consumando actos de corrupción.
Como le gusta repetir a la intendenta Salta es la sexta ciudad más grande de la Argentina y por eso a poco de transitar por la mitad de su mandato salió a pedir un trabajo conjunto con los ediles, aportando ideas para fortalecer las instituciones y ser transparentes. Después de esa reunión, realizada en febrero de 2021 con los miembros del Consejo anterior, no se conoció que la intendenta retornara a la mesa de conversaciones. Cuando exaltó la importancia de encarar acciones en conjunto, Bettina Romero demostró que comprende que establecer espacios de diálogo. “Muestran madurez política” había dicho, para inmediatamente abandonar esa senda virtuosa.
Gobernar con vetos, ocultamiento de información en el que se cae cuando no se responden pedidos de informe y la falta de participación en la construcción de políticas públicas muestra una soberbia que no se puede fundar sino en la intención de tapar una gestión de mala calidad que no alcanzó ningún logro. Y que el Concejo Deliberante no haya mejorado el vínculo demuestra que no alcanzan buenas intenciones.
Salta, 22 de diciembre de 2022
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Cierra una semana en la que el protagonismo de los gobernadores tomó cuerpo. Mientras el gobierno nacional mantiene abiertas las puertas de la Casa Rosada al diálogo con los mandatarios provinciales, desde el sector privado también se demandó de ellos definiciones sustanciales para su sostenimiento.
El exgobernador advirtió que la fragmentación del PJ solo fortalece al oficialismo y cuestionó el avance del liberalismo en el país. “Si nos dividimos, gana Milei”, afirmó.
El vicepresidente del Círculo Médico, Marcelo Biagini, advirtió que la obra social provincial mantiene atrasos de pago, presiona a profesionales para convertirse en prestadores directos y analiza romper convenios.
La fecha apunta a visibilizar problemáticas masculinas, mejorar las relaciones de género y destacar aportes positivos de los varones.
El médico Edmundo Falú denunció que utilizaron su firma, sello y matrícula para realizar prácticas médicas y facturaciones que él nunca autorizó. Aseguró que jamás trabajó en el IMAC y que la maniobra podría derivar en responsabilidades penales.
Después del corte de crédito que la entidad dejó vigente desde el pasado lunes por falta de pago de las prestaciones, la obra social provincial notificó la finalización del convenio.